Lo que comenzó como un compromiso de descentralización y apoyo tras la tragedia del volcán Tajogaite, con la creación de un Centro Nacional de Vulcanología, con sedes en La Palma y Tenerife, se ha transformado en un agrio rifirrafe en la negociación con el Gobierno de España. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, fue tajante este martes al denunciar que el Estado pretende sustituir un centro de investigación y gestión real por una simple sede administrativa sin competencias: «No queremos un cascarón vacío», sentenció en el Pleno del Parlamento de Canarias. Pero la bronca sobre La Palma no solo se circunscribió a la ‘no nata’ institución científica, sino a las ayudas que, según el diputado de CC, David Toledo, no han llegado para reconstruir la isla tras la erupción.
Vaciar de contenido al centro
Fernando Clavijo fue muy claro al definir el estado actual de las negociaciones con el Ejecutivo central. Según Clavijo, lo que originalmente se publicó en el Boletín Oficial era un centro de coordinación nacional diseñado para gestionar de forma unificada los esfuerzos de organismos públicos en la investigación, predicción y mitigación del riesgo volcánico. Sin embargo, la propuesta que el Estado ha puesto sobre la mesa recientemente se aleja radicalmente de ese espíritu.
Clavijo sostiene que el Gobierno canario se ha encontrado con una oferta que reduce el proyecto a una «sede académica» que carece de capacidad para gestionar, investigar o predecir fenómenos. Para el Ejecutivo regional, aceptar esto sería aceptar un «cascarón vacío» que no responde a las necesidades del único territorio volcánico de España.
Fecha límite: septiembre
El presidente advierte que, si en septiembre no se reconduce la situación para que el centro emule el modelo de éxito del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), con una sede potente en La Palma y un departamento en Tenerife, el Gobierno de Canarias no participará en la «foto» oficial». Para Clavijo lo razonable es que el Centro Nacional de Vulcanología esté en Canarias porque es «el único territorio volcánico de España» y, además, ha habido procesos eruptivos recientes.
«Hay partida presupuestaria en las administraciones, tanto en los cabildos como en el Gobierno de Canarias y en el Gobierno de España, para que se pueda constituir y tengamos, de verdad, la sede a la que aspiramos», señaló el presidente.
Promesas rotas en La Palma
El malestar del Gobierno canario fue compartido y amplificado por el diputado nacionalista David Toledo, quien calificó la gestión estatal tras la erupción como una sucesión de «fantasías» frente a una cruda realidad de abandono. Toledo recordó que han pasado cinco años desde la erupción y que, una vez que los focos de las cámaras se apagaron y los ministros abandonaron la Isla, lo que ha quedado es un historial de promesas rotas.
Entre las «mentiras» o incumplimientos que destaca el diputado, se encuentra el plan de reconstrucción de La Palma, que debería contar con 100 millones de euros anuales y que, según sus datos, tiene aún más de 300 millones de euros pendientes de llegar a la isla.
Reducción del IRPF para los palmeros
Asimismo, mencionó la batalla constante por mantener la reducción del 60% del IRPF para los palmeros, una medida por la que la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha tenido que «partirse la cara» año tras año ante la falta de voluntad del Estado para consolidarla de forma automática. Para Toledo, el intento de crear un centro de vulcanología sin competencias en las islas es el «modus operandi» habitual de Madrid: buscar el anuncio y la foto, para luego cambiar de opinión y mantener la tutela económica y decisoria en la capital.
Planificación más sólida
Desde el área de emergencias, el consejero Manuel Miranda defendió en el pleno que la erupción de 2021 fue un «punto de inflexión» que ha obligado a Canarias a reforzar su propia capacidad de respuesta. Miranda aseguró que, tras cinco años, las islas disponen de mejor conocimiento científico, medios instrumentales superiores y una planificación más sólida.
Sin embargo, el consejero subrayó que Canarias ha tenido que exigir formalmente al Estado que la normativa básica de protección civil ante riesgo volcánico se adapte a las condiciones singulares del archipiélago. A pesar del bloqueo estatal al centro nacional, Miranda insiste en que su departamento trabaja en una estrategia basada en la monitorización de gases y el consenso social, porque Canarias «merece de una vez» que la prevención volcánica sea efectiva y no una promesa vacía.
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