El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha acatado el auto del TSJA y ha acordado «por obligación legal» la anulación de la licencia que permitió la construcción del Algarrobico. La decisión abre ahora un nuevo escenario en el que Gobierno y Junta de Andalucía deben ejecutar el convenio para el derribo de la construcción y en el que se deben determinar las posibles indemnizaciones en las que tengan que incurrir las administraciones con la empresa adjudicataria. Este punto es precisamente el que ha abierto una grave crisis en el seno del Consistorio y especialmente en el Grupo Socialista que estaba en la Alcaldía cuando se dieron los permisos hace dos décadas.
El acuerdo del Ayuntamiento se ha aprobado con el voto a favor del alcalde Salvador Hernández (CS), de los concejales del PP y de dos ediles del PSOE (aunque suspendidos temporalmente de militancia). El resto de concejales que formaban parte del Grupo Socialista y los ediles no adscritos optaron por abandonar la sesión y no votar. De esta forma, evitaron posicionarse en contra del auto del TSJA (lo que podría tener consecuencias penales) pero sin apoyar la anulación de la licencia asumiendo así las responsabilidades que puedan derivar de esta decisión.
«El Ayuntamiento ha cumplido con lo que ha dicho la Justicia. Hemos cumplido la obligación legal. Ahora, pedimos corresponsabilidad a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, y que tengan altura de miras para que podamos salir de esta situación porque el principal perjudicado de todo lo que ha ocurrido es el pueblo de Carboneras», defendió alcalde visiblemente emocionado en una intervención compleja y tensa que no cierra aún el proceso abierto hace dos décadas. Ahora se abre otra etapa de enorme complejidad y con circunstancias aún muy inciertas.
Vista general del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería). / EP
Posibles indemnizaciones y responsabilidades
Una de las claves del conflicto interno en el Ayuntamiento y especialmente en el seno del PSOE son las consecuencias económicas y de carácter patrimonial que pueda tener la anulación de la licencia para las arcas municipales dado que puede haber «una responsabilidad patrimonial de gran relevancia». Los concejales ausentes en votación celebrada este martes alegaron que estas circunstancias debían aclararse antes de la votación. De hecho, desde el PSOE acusaron al alcalde de «vulnerar la ley» al no incorporar informes jurídicos y económicos.
Sin embargo, de momento, como apunta el propio expediente aprobado por el Ayuntamiento, no hay una estimación de cuál puede ser el impacto económico sobre el Ayuntamiento de 8.000 habitantes por la anulación de la licencia ni cómo se va a asumir su coste. Serán extremos que se aclaren a posteriori, una vez que se haya ejecutado la sentencia que obliga a la anulación de la licencia.
Crisis en el PSOE
El PSOE se ha vuelto a partir en dos en la votación del Algarrobico sin que haya servido la actuación contundente por parte de la dirección regional y federal que llegaron a expedientar a los concejales. Sólo dos ediles han votado a favor y el resto se han ausentado, saltándose la directriz del partido.
Ante esta situación la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha recordado que «el expediente de expulsión está e curso afectaba a la totalidad de los concejales que habían aprobado el aplazamiento». Aun así, ha desgranado que «aquellos que han atendido la decisión del partido tendrán un trato distinto al de otros que han seguido en sus trece». «No había otra opción que voto favorable», ha resumido para defender que «El Algarrobico se tira».
Fuente: El Correo de Andalucía
