Las siete exclarisas del monasterio de Belorado han negado este martes en un comunicado los presuntos delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión de socorro y apropiación indebida o administración desleal.
Cargos que se les atribuyen en el auto de apertura de juicio oral por la gestión y el cuidado de cinco religiosas de avanzada edad que permanecían bajo su responsabilidad, y defendieron que los hechos denunciados responden a una «completa deformación de la realidad».
Las religiosas han hecho pública una respuesta conjunta en la que rechazan de forma categórica todas las acusaciones recogidas en el procedimiento judicial y sostienen que carecen de fundamento.
Las exmonjas de Belorado responden de manera individualizada a cada uno de los presuntos delitos que se les imputan y mantienen que tanto la atención prestada a las cinco monjas mayores como la gestión de sus recursos económicos se desarrolló conforme a la vida ordinaria de la comunidad.
«Delito imaginario»
Respecto al presunto delito de coacciones, las exclarisas aseguran que se trata de un «delito imaginario».
Como argumento, afirman que existen dos declaraciones directas de las religiosas de mayor edad, recogidas en un acta de la Guardia Civil y en otra judicial, en las que manifestaban su voluntad de permanecer en el monasterio de Orduña junto al resto de la comunidad.
Según exponen, no existe ningún documento que refleje una voluntad distinta por parte de esas monjas.
En relación con las acusaciones de trato degradante, abandono y omisión de socorro, las religiosas sostienen que los hechos descritos en la causa están «inventados» y consideran que las distintas imputaciones aparecen «mezcladas».
En su versión, el estado de salud de las cinco religiosas cuando fueron trasladadas al hospital era «plenamente normal» y, según indican, presentaban un adecuado estado de hidratación y nutrición.
Asimismo, afirman que las pruebas médicas realizadas en el servicio de Urgencias reflejaban la presencia de los medicamentos que tenían prescritos, lo que, a su juicio, demostraría que recibían regularmente el tratamiento pautado.
Por ello, rechazan que existiera abandono o falta de asistencia sanitaria durante el tiempo que permanecieron bajo sus cuidados.
El comunicado también responde a las denuncias sobre posibles deficiencias en la higiene, el descanso o las condiciones de vida de las religiosas mayores.
Las exclarisas califican esas acusaciones de «burdas mentiras» y sostienen que proceden de personas que, según su versión, no conocían el funcionamiento interno del monasterio ni habían presenciado la atención dispensada a las ancianas.
Además, las religiosas afirman que algunas de esas declaraciones estarían motivadas por la «inquina» hacia la comunidad.
En cuanto a los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida, las exclarisas consideran que la investigación ofrece una «completa deformación de la realidad».
Las pensiones de las religiosas mayores
Defienden, además, que el destino de las pensiones de las religiosas mayores respondía al funcionamiento habitual de cualquier monasterio de clausura, donde todos los ingresos se integran en una caja común destinada al sostenimiento de la comunidad y a los gastos derivados del cuidado de sus integrantes.
Las religiosas sostienen que era «lo más normal del mundo» que las pensiones de las monjas mayores contribuyeran al mantenimiento tanto de las propias beneficiarias como del conjunto de la comunidad, ya que convivían en el monasterio y recibían allí toda la atención necesaria.
En ese contexto, cuestionan que esas prestaciones económicas fueran percibidas por el comisario designado para intervenir los monasterios, al considerar que no convivía con las religiosas ni participaba directamente en su cuidado.
También afirman que desde junio de 2024 recibió la totalidad de las pensiones hasta diciembre de ese mismo año y que continúa percibiendo las correspondientes a dos de las religiosas mayores.
Las exclarisas añaden que una de esas monjas recibió un tratamiento privado de rehabilitación costeado por la comunidad, pese a que, según indican, la pensión de esa religiosa nunca fue ingresada en el monasterio porque era percibida por el comisario.
Finalmente, el comunicado rechaza las acusaciones sobre un supuesto uso de esos recursos para fines particulares.
Las religiosas sostienen que carecen de «negocios particulares» y explican que las únicas actividades económicas desarrolladas por la comunidad tenían como finalidad obtener ingresos para garantizar su sostenimiento.
Entre ellas citan la cría de mascotas y la explotación de un restaurante, actividades que emprendieron, según recuerdan, tras desaparecer la posibilidad de continuar con la producción de chocolate.
12 años de cárcel
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao acordaba el pasado mes de mayo concluir la fase de instrucción y continuar el procedimiento para la apertura de juicio oral contra siete exmonjas del conocido cisma de Belorado (Burgos).
Ahora, tanto la Fiscalía como la acusación particular piden 12 años de prisión para cada una de las imputadas.
