En ocasiones, para un casero alquilar una vivienda puede ser como abrir una caja de Pandora en la que todo salga mal. En este caso, la Justicia ha dado la razón a un propietario que llevaba años soportando los problemas provocados por uno de sus inquilinos.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado el desahucio de un arrendatario tras considerar que su comportamiento generó una situación de peligro real y una grave alteración de la convivencia en el edificio.
¿Por qué han desahuciado al inquilino?
El caso comienza a raíz de una serie de incidentes que, según la resolución judicial, fueron mucho más allá de simples molestias vecinales. El tribunal ha analizado hechos tan peligrosos como el lanzamiento de muebles desde una de las ventanas de la vivienda y un incendio originado en la cocina del propio inmueble.
Qué dice la Ley de Arrendamientos Urbanos
El artículo 27.2 e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos permite al arrendador poner fin al contrato cuando en la vivienda se desarrollan actividades molestas, peligrosas, insalubres, nocivas o ilícitas.
Los magistrados recuerdan que no cualquier conflicto vecinal permite expulsar a un inquilino. Para adoptar una medida de este tipo es necesario que la conducta provoque un perjuicio real a la convivencia o suponga un riesgo para otras personas. En este caso, la Justicia entiende que ambas circunstancias se produjeron.
El miedo de los vecinos fue clave en el proceso
La clave para la resolución judicial se encuentra en las declaraciones de varios residentes del edificio, que describieron un ambiente de tensión e intranquilidad derivado de los continuos incidentes. Los vecinos, por temor a que pudiera producirse algún suceso más grave, llegaron incluso a solicitar la intervención de los servicios sociales.
Además, la Audiencia señala que el inquilino no negó algunos de los hechos más relevantes, como el lanzamiento de objetos desde la vivienda o el incendio registrado en la cocina. De esta forma, el tribunal concluye que la conducta del arrendatario justifica la resolución del contrato de alquiler y su desalojo del inmueble.
El casero acudió a los tribunales al considerar que estas conductas encajaban en las causas que la Ley de Arrendamientos Urbanos contempla para resolver un contrato de alquiler. En un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia le dio la razón y ordenó el desalojo del inquilino, una decisión que posteriormente ha sido respaldada por la Audiencia Provincial.
No obstante, la sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que la decisión judicial aún no es firme.
