La regularización extraordinaria de migrantes que culmina este martes tiene a Jorge Serrano Paradinas como uno de sus principales protagonistas. Un protagonismo en la sombra, pero que ha sido testigo de las entretelas de la negociación en el Congreso y que ahora empuja en la recta final del proceso a través de la Fundación Ciudadanía Global, la única entidad social acreditada por el Gobierno para emitir de forma online certificados de vulnerabilidad, una de las puertas de entrada para acceder al permiso de residencia.
Serrano, el principal de promotor de la medida, que llevó al Congreso en 2022 a través de una Iniciativa Legislativa Popular, relata cómo las presiones sociales y las conversaciones cruzadas llegaron a mover posiciones políticas. Como aquella entre el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que un día antes de votarse la iniciativa en el Congreso reclamó su apoyo al entonces portavoz del PP, Miguel Tellado. O el acuerdo final entre el Gobierno y Podemos, cuyo resultado celebra Serrano, aunque admitiendo cierta decepción porque este asunto acabe siendo una moneda de cambio política.
El impulsor de la ILP, del partido Por un Mundo Más Justo, recuerda cómo se forjó aquella idea durante la pandemia, en una recogida masiva de firmas que fue el germen de lo que ya es una realidad. «Estamos muy contentos. Imagínate que un día te levantas, se te ocurre una idea y eso termina transformando la vida de 900.000 personas», admite. «Porque lo gordo no es llegar a España. Lo que consigue sacarte de la exclusión, lo que te permite pasar del sur al norte, no es llegar a Barajas o saltar la valla o llegar a en patera. Es regularizarte», relata. «Hasta entonces estás en una situación de enorme exclusión, de explotación laboral, de vulnerabilidad y de angustia permanente porque en cualquier momento te pueden coger y llevarte a un centro de internamiento. Lo que te cambia la vida es la regularización».
¿Cuál es el balance?
Muy positivo. La regularización nace de una iniciativa legislativa popular que ha logrado poner en marcha a todas las sociedades civiles en su conjunto, desde la Conferencia Episcopal, congregaciones religiosas, organizaciones empresariales, sindicales, todas las ONG, fundaciones, asociaciones, organizaciones de LGTBI, organizaciones anarquistas, comunistas, feministas, todo el el rango ideológico unido con más de 1.000 organizaciones sociales, 17.000 personas voluntarias recogiendo firmas durante un año y más de 700.000 firmas recogidas.
Quedan muy pocas personas extranjeras que puedan ser beneficiarias de la regulación extraordinaria y que no lo hayan solicitado
La crítica inicial era por qué se habían dado solo tres meses de de plazo en lugar de los plazos más amplios de otras regularizaciones. Pensábamos que no iba a ser suficiente y generó una sensación de desorden. Que hubiera un millón de personas con poco plazo y el hecho de que los certificados de vulnerabilidad se emitieran físicamente provocó enormes colas al principo que proyectaron cierto caos. Pero la realidad es que sí ha sido suficiente. Quedan muy pocas personas extranjeras que puedan ser beneficiarias y no lo hayan solicitado.
La organización Fundación para la Ciudadanía Global ha sido la única entidad que ha emitido informes de vulnerabilidad online, ¿cómo era el proceso?
A las personas solicitantes les pedimos una fotocopia del pasaporte, les hacemos grabar un vídeo donde explican las razones de su vulnerabilidad y las dificultades de acceso al mundo laboral; verificamos que su foto y sus datos coinciden con sus documentos, y a partir de ahí evaluamos. Además, les solicitamos tener acceso a su geolocalización en el mismo momento de registro. Como es online, tenemos más garantías, pedimos una declaración jurada del solicitante asegurando que es correcta y permisos para almacenar los datos. El cribado también es mayor: en estos momentos tenemos 5.542 solicitudes recibidas, de las que se han enviado 2.516 certificados, y tenemos 47 solicitudes pendientes de respuesta. La media de tiempo de respuesta es de 9,5 horas desde el envío hasta que se recibe el certificado.
En 2022 presentaron 700.000 firmas en el Congreso para la regularización, ¿cuál ha sido el recorrido?
Esa ILP nace Por Un Mundo Más Justo y de la Fundación para la Ciudadanía Global que, en plena pandemia nos dimos cuenta de que teníamos cientos de miles de personas unas extranjeras fuera del radar de las instituciones y con un acceso muy complicado al sistema de salud. Era imprescindible que se pudieran regularizar y que pudieran entrar en el sistema de derechos y de controles.
Agustín Ndour, que es un senegalés que se acogió en 2000 a la regularización de Aznar, que trabajó en Cáritas Granada y que fue el primer candidato afroamericano a la Presidencia del Gobierno en 2019, me llamó una mañana y me dijo, «oye Jorge, el tema es la reforma extraordinaria. Estoy dispuesto a lo que sea, a ir a huelga de hambre, a atarme con cadenas a los leones del Congreso, lo que sea». Le dije que no tomara ninguna decisión y seguí dándole vueltas, hasta que en febrero de 2021 le devolví la llamada y le dije: «Agustín, ¿estás sentado? Vamos a hacer una Iniciativa Legislativa Popular, vamos a conseguir 500.000 firmas, vamos a poner 340.000 euros de la fundación encima de la mesa y en un año no vamos a hacer otra cosa que recoger firmas y movilizar para que todas las organizaciones sociales se sumen. Y no solo eso, sino que además nos van a devolver el dinero. La Ley Orgánica de Iniciativas Legislativas Populares establece que si consigues las 500.000 firmas válidas, el Ministerio de la Presidencia te devuelve todo lo que te has gastado en la comunicación. Logramos 700.000 firmas y, en efecto, nos lo devolvieron. Registramos la ILP en 2023 y lo tuvimos que volver a presentar en el Congreso tras las generales.
En la ILP de regularización, las posiciones iniciales tanto del PSOE como del PP eran las de votar en contra
Y aquella iniciativa se admitió a trámite en el Congreso.
En abril de 2024 fue esa votación clave, porque ahí podía morir o iniciarse el trámite parlamentario. Las posiciones iniciales tanto del PSOE como del PP eran las de votar en contra. El PSOE durante todo el proceso de recogida de firmas decía que Europa no nos dejaba hacer esta regularización, lo dijo de todas las maneras posibles.
Pero aumentamos la presión y en los días previos, la Fundación para la Ciudadanía Global financió una campaña de incidencia, con anuncios a doble página en los principales diarios nacionales donde se decía: «El PP y el PSOE amenazan con no dar trámite a una iniciativa legislativa apoyada por más por 700.000 personas españolas mayores de edad que afecta a la dignidad de 500.000 personas vecinas y vecinas nuestras y que ha contado con el apoyo de 1000 organizaciones sociales«. Hicimos también una campaña poniendo en marcha a las mil organizaciones sociales para llamar a todos los diputados, concejales, senadores que se conocieran del Partido Popular y del Partido Socialista.
¿La Iglesia tuvo algún papel?
La regularización supone que pasas a ser un ser humano en situación de dignidad, trabajando, con un salario bajo, pero cotizando en la Seguridad Social, con todos tus derechos laborales garantizados, pudiendo ahorrar, abrirte una cuenta bancaria, etcétera. Es un cambio radical de la vida de las personas. Y esto lo comparte la Iglesia al 100%.
Hay distanciamiento cada vez mayor en esta posición entre el Partido Popular y Iglesia, me resulta sorprendente
Y ahí se está produciendo un distanciamiento cada vez mayor en esta posición entre el Partido Popular y Iglesia. Una cosa que es realmente difícil de entender. Además tienen en frente ahora a los empresarios, que llevaban tiempo pidiendo la regularización extraordinaria. Se están colocando enfrente de las grandes instituciones que eran supuestamente tus aliadas. Hay una deriva muy sorprendente, se está haciendo con muy muy poca inteligencia.
Un día antes de la votación, Luis Argüello le dijo a Tellado, «mínimo tenéis que dar trámite y estudiar la iniciativa». Y gracias a esa presión tan enorme, las posiciones cambiaron
¿Y hubo interlocución con la Iglesia durante las negociaciones?
Muchísima. Empujó mucho. El día anterior a la votación pusimos en marcha una conversación que fue clave entre Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal y [Miguel] Tellado, entonces portavoz del PP. Les preguntamos si podían hablar a determinada hora. Y hablaron. Argüello les dijo, «mínimo tenéis que dar trámite y estudiar la iniciativa». Y gracias a esa presión tan enorme, las posiciones cambiaron. El PSOE, que el día de antes estaba en el no, y el Partido Popular que el mismo día cambió, terminaron votando a favor.
Y luego se complicó.
Junts presentó una enmienda que exigía por escrito la transferencia de las competencias de migraciones a Cataluña para dar luz verde a la regularización. Y sin eso, ellos no entraban. Y como el traspaso migratorio no se aprobó porque PP, Vox y Podemos votaron en contra, pues Junts no dio el apoyo a la regularización. Y así llegamos a final de 2025, cuando Sumar cogió el torno por las cuernos y decidió que no necesitaba a Junts, ni a PP ni Vox, porque en la Comisión de Migraciones [presidida por Aina Vidal, diputada de Sumar] había mayoría a favor de la regulación y podía tramitarse y enviarse al Senado. Cuando ya se preveía darle cauce en febrero y estaba esa hoja de ruta, de repente un día por la mañana nos encontramos con un acuerdo secreto entre PSOE y Podemos con las condiciones de la regularización.
¿Cómo recibió ese acuerdo?
El Gobierno le cedió a Podemos toda la autoría y la relevancia política de la regularización extraordinaria. Y en ese acuerdo, el Gobierno consigue que Podemos se abra a negociar ese traspaso de migraciones que pedía Junts. La regularización también ha sido como un elemento para el Gobierno para intentar conseguir el apoyo de Podemos, y lograr unos presupuestos que podrían ser su tabla de salvación. Es una pena que algo tan importante para las personas extranjeras y para el Estado español se acabe aprobando, si es que es así, a través de este tipo de intercambio.
Un Gobierno que desde el 2020 hasta el 2026 ha estado seis años ha estado diciendo «Europa no nos deja», y de repente nos encontramos la revolución extraordinaria más ambicioso en toda la historia de la democracia. Pues bueno, bien está lo que bien acaba.
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 dijo a Tellado que al menos tenían que tramitarlo', según Serrano, como evidencia de que la Iglesia 'empujó mucho' por esta regularización){kind=link}