El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al Gobierno de España de no considerar a la Comunitat Valenciana como una prioridad nacional. Pérez Llorca ha denunciado que el Ejecutivo central adeuda 4.000 millones de euros en dependencia y más de 1.000 millones por desplazados sanitarios, además de negar el Fondo de Nivelación Transitorio y no haber atendido adecuadamente la región tras la tragedia de la daba.
Durante la sesión de control, el president ha criticado el debate generado por el Gobierno en torno al concepto de prioridad nacional. Ha señalado que el propio Ejecutivo ha desarrollado leyes, como la del Ingreso Mínimo Vital, que incluyen requisitos como la necesidad de empadronamiento durante cinco años.
Pérez Llorca ha subrayado que la prioridad del Consell tras la dana, de la que se cumplen 18 meses, ha sido la reconstrucción. En este tiempo, la Generalitat ha recuperado 57 centros de salud, 18 carreteras autonómicas y 60 municipales, la totalidad de la red de Metrovalencia, 3.000 kilómetros de pistas forestales y 59 puentes. «Hemos pagado el 100% de las ayudas de primera necesidad», ha afirmado, en contraste con el Gobierno central.
Por el contrario, ha lamentado la inacción del Ejecutivo de España, que «sigue sin ni siquiera empezar obras hídricas que deberían estar terminadas» para prevenir futuras avenidas y que no ha abonado la totalidad de las ayudas. Además, ha criticado que el nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, aún no haya respondido a su petición de reunión para abordar la financiación autonómica.
El jefe del Consell ha reprochado la gestión de los socialistas valencianos, que en ocho años de gobierno «no construyeron ni una sola Vivienda de Protección Pública» e hicieron aumentar las listas de espera en Sanidad. Frente a ello, ha destacado que su «prioridad nacional es mejorar la calidad de vida de todos los valencianos».
En respuesta a Compromís, ha enumerado medidas recientes del Consell, como ayudas a 548 jóvenes agricultores, la licitación de la CV-95, la declaración de la Romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural Inmaterial, la apertura de un centro de salud en Moncofa y ayudas de 4,8 millones para ganaderos y 8,3 millones para pescadores. Se trata, ha dicho, de «política real útil para todos los valencianos y valencianas».
Pérez Llorca ha afeado a Compromís que no actúe «cuando tiene un valor determinante para aprobar medidas en España», como el pago de anticipos, una financiación justa o las obras post-dana. Ha lamentado que el grupo lleve ocho años apoyando a los gobiernos de España, «que son los peores que ha sufrido esta tierra», y que nunca haya «condicionado su voto en Madrid a que el Gobierno reaccione».
En respuesta a VOX, el president ha asegurado que la Generalitat aplicará «el sentido común y las leyes, tanto las que nos gustan como las que no», y ha añadido que las normativas con las que no estén de acuerdo se recurrirán ante los tribunales. Ha aclarado que aplicar el sentido común no es racista, pero sí lo es «el reparto de menores inmigrantes no acompañados por toda España sin consenso con las Comunidades Autónomas y sin los recursos suficientes».
A su juicio, «negociar el reparto de menores inmigrantes para sacar provecho político eso sí que es racismo y lo ha hecho el PSOE». Ha recordado también las palabras del president socialista de Cataluña, Salvador Illa: «aquí no podemos decir que venga todo el mundo…No puede ser. Regularlo y acoger e integrar».
Pérez Llorca también ha aludido a las declaraciones del Síndic de Greuges, Ángel Luna, sobre la situación de los servicios sociales, señalando que «eso tampoco es ser racista, es decir lo que pasa, es aplicar el sentido común». Finalmente, ha afirmado que, a pesar de la infrafinanciación por parte del Gobierno, «se siguen bajando las listas de espera en sanidad».
