El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de España, Antón Costas, ha advertido este jueves en Palma que la elevada concentración territorial de población de origen extranjero obliga a hablar en determinados lugares de «saturación» y sitúa a Baleares entre las zonas donde este fenómeno resulta especialmente intenso, aunque reivindica que «una inmigración bien gestionada es una bendición del cielo» tanto para la economía como para la sociedad.
«Yo creo que no somos conscientes en nuestro país de la singularidad del proceso inmigratorio español. En escasamente veinte años hemos pasado de ser un país de emigrantes a ser el cuarto país del mundo receptor de inmigrantes. Hemos pasado prácticamente de cero inmigrantes a principios de siglo a diez millones a final del año pasado. No hay ningún otro país del mundo donde haya ocurrido esto», afirma el economista.
Costas ha realizado estas consideraciones durante la presentación del informe La realidad migratoria en España: Prioridades para las Políticas Públicas, elaborado por el CES de España a petición del Gobierno central. Durante su intervención, el presidente del CES ha destacado la distribución desigual de esos diez millones de personas de origen extranjero, entre las que se encuentran también ciudadanos que ya han adquirido la nacionalidad española. La población inmigrante, explica, no se distribuye uniformemente por España, sino que se concentra especialmente en Cataluña, Comunitat Valenciana, el Mediterráneo andaluz y, a continuación, en Baleares.
Por este motivo, el presidente del CES sostiene que «cuando niveles de población de origen inmigrante pasan del 20%, como ocurre en algunas partes, más que de concentración hay que hablar de saturación». Costas añade que la concentración no es únicamente territorial, sino también laboral, ya que los trabajadores extranjeros se encuentran especialmente presentes en turismo y hostelería, el sector primario y la construcción.
Esta doble concentración constituye para el CES una de las cuestiones fundamentales que deben tener en cuenta las administraciones a la hora de diseñar sus políticas migratorias. Y es precisamente ahí donde Costas identifica lo que califica como un «punto ciego» en la gestión realizada hasta ahora en España.
«No hemos atendido a las consecuencias que la concentración de los inmigrantes, territorialmente y sectorialmente, tiene sobre los servicios públicos fundamentales, sobre educación, sobre sanidad, sobre los transportes o sobre la vivienda», apunta, mientras añade que «en la medida en que observamos zonas de alta concentración de personas migrantes, deberíamos y debemos fortalecer muchísimo esos servicios públicos, especialmente en esas zonas, para que no se produzca la percepción de que la inmigración es el factor de deterioro de la calidad de esos servicios públicos, cosa que en general no es así».
Impacto económico
Frente a las consecuencias derivadas de la concentración territorial, Costas destaca que los datos analizados por el CES muestran que el impacto macroeconómico de la inmigración en España es «muy positivo en general». El informe estudia también sus efectos sobre los salarios, las condiciones laborales y el uso de las prestaciones y servicios públicos, aunque Costas puntualiza que el análisis estadístico se refiere fundamentalmente a inmigrantes en situación regular, porque no existen datos equivalentes sobre las personas en situación irregular.
El presidente del CES sostiene asimismo que la llegada de trabajadores extranjeros no ha perjudicado de manera general las condiciones laborales de los trabajadores españoles. Según explica, la incorporación de inmigrantes por los niveles inferiores de la escala salarial está produciendo un desplazamiento de trabajadores autóctonos hacia posiciones superiores.
Costas rechaza también que exista un consumo desproporcionado de prestaciones públicas por parte de la población inmigrante. Según los resultados del informe, el acceso al ingreso mínimo vital, las prestaciones autonómicas o locales, la sanidad y otros servicios mantiene una proporción similar al peso que representa la población de origen extranjero sobre el conjunto de habitantes de España.
«En términos de consumo de prestaciones sociales y prestaciones públicas, lo que observamos es que no hay un consumo excesivo por parte de las personas migrantes, ya sea del ingreso mínimo vital o de las prestaciones sociales autonómicas o locales. El consumo que hacen de sanidad y de prestaciones sociales es muy similar, muy parejo, al porcentaje que representa la población inmigrante en el conjunto de la población española», asegura.
Sin embargo, el presidente del CES advierte de otro cambio que considera relevante: la percepción social de la inmigración está empeorando en España. El país había constituido durante años, según Costas, una «especie de excepción» dentro de Europa por sus mayores niveles de tolerancia hacia la inmigración, pero esa situación ha empezado a cambiar.
Para Costas, este cambio de actitud debe ser tenido en cuenta por las administraciones. Su diagnóstico conecta precisamente la percepción ciudadana con la presión que experimentan determinados territorios: si aumenta rápidamente la población pero no crecen al mismo ritmo los servicios públicos, existe el riesgo de que los ciudadanos atribuyan a la inmigración problemas que tienen su origen en una insuficiente adaptación de esos servicios a la nueva realidad demográfica.
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