la Ley de Bienestar Animal obliga a todos los propietarios de perros y gatos a prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud

Tener una mascota implica mucho más que darle de comer y sacarla a pasear. La Ley de Bienestar Animal, en vigor en España desde 2023, deja claro que los dueños tienen una responsabilidad clave: cuidar de la salud de su perro, su gato o cualquier animal de compañía que tengan en casa, y hacerlo de forma que quede constancia de ello.

Muchos propietarios no saben que la norma no solo obliga a llevar al animal al veterinario cuando enferma. También recoge la necesidad de cumplir con los cuidados sanitarios obligatorios y de someterlo a revisiones periódicas, algo que afecta a todos los dueños sin excepción.

Perro paseando con su dueñoGabriel Almanzar

Según recoge el artículo 24 de la ley, todos los propietarios están obligados a «prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud y, en todo caso, los estipulados como obligatorios según su normativa específica, así como facilitarles un reconocimiento veterinario, con la periodicidad que se determine reglamentariamente, que deberá quedar debidamente documentado, en su caso, en el registro de identificación correspondiente«.

Relacionado con este punto, en el mismo artículo se especifica que los dueños de los animales de compañía están obligados a «recurrir a los servicios de un profesional veterinario, o veterinario acreditado en comportamiento animal, siempre que la situación del animal lo requiera».

En definitiva, la Ley de Bienestar Animal establece que cuidar de una mascota va más allá de darle cariño, comida y paseos. Garantizar su salud pasa por cumplir con los cuidados sanitarios necesarios, atender los obligatorios según la normativa y facilitarle revisiones veterinarias.

Imagen de recurso de un perro paseando
Imagen de recurso de un perro paseandoPexels

Cabe destacar que no cumplir con la Ley de Bienestar Animal puede acabar perjudicando a tu bolsillo. Las sanciones se dividen en tres niveles según la gravedad: hasta 10.000 euros para las faltas leves (con un mínimo de 500), entre 10.001 y 50.000 euros para las graves, y desde 50.001 hasta un máximo de 200.000 euros para las más serias.



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