Santiago Abascal ha subido la apuesta. El presidente de Vox decide llevar la crisis de Ceuta un paso más allá y activar el mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de miembros de la coalición por posibles delitos de “traición” y contra la seguridad del Estado. La ofensiva, sin embargo, no apunta únicamente a la Moncloa. Tiene un segundo carril que conduce a la calle de Génova. Los ultras elevan el choque ideológico con el Partido Popular, al que colocan ante el escenario de acompañarles en una iniciativa de enorme trascendencia política o dejar al líder de extrema derecha sólo en su intento de exportar la crisis migratoria al Tribunal Supremo.
El problema para Vox, como casi siempre, está en los números. La Constitución establece que una acusación de tal índole sólo puede plantearse por iniciativa de, al menos, una cuarta parte de los diputados. Después, necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, que en una Cámara de 350 parlamentarios, eso implica aunar 88 escaños sólo para iniciar el trámite y 176 votos favorables para su aprobación.
Una fuerza de la que en estos momentos no disponen. En las últimas votaciones del Congreso, el grupo de Abascal ha registrado 33 votos, mientras que el Partido Popular ha alcanzado 137 en iniciativas propias. Incluso contando con el apoyo de los populares, el bloque requeriría de votos adicionales para alcanzar el límite de la absoluta. De ahí que el anuncio de Abascal tenga una lectura que trasciende la mera acusación a Sánchez. Es decir, que el movimiento de la ultraderecha pasa por poner sus diputados “a disposición” de cualquier otra fuerza dispuesta a promover la iniciativa. Por ello, ha apelado al resto de los grupos para que permitan abrir el procedimiento, aunque el destinatario principal del mensaje es el PP.
El plan de Vox
A última hora de este sábado, Abascal echaba más gasolina al incendio político al dar por probados “indicios y evidencias más que suficientes” que permiten reclamar una investigación. Entre ellos sitúa el supuesto conocimiento previo que, según Vox, tenía el Gobierno sobre lo que ocurriría en Ceuta. Por ahora no es más que una acusación política y no una responsabilidad penal acreditada, habida cuenta de que no existe una resolución judicial que haya determinado que Sánchez o algún miembro del Ejecutivo de coalición haya cometido los delitos que la formación invoca.
El artículo 102 de la Ley Fundamental atribuye a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal la eventual responsabilidad criminal del presidente y del resto de integrantes del Gobierno. Cuando se trata de traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones, la propia Constitución introduce el filtro parlamentario reforzado. No obstante, al margen del mecanismo constitucional, Vox reclama la desclasificación de las comunicaciones entre Moncloa y las autoridades marroquíes antes, durante y después de la crisis. También los informes de inteligencia y seguridad nacional vinculados con los acontecimientos. Entienden que lo sucedido en Ceuta no puede considerarse una crisis migratoria y hablan de un episodio de “guerra híbrida” contra España.
Presión a Feijóo
La maniobra de la ultraderecha, sin embargo, tiene un segundo filo que apunta al cuello del líder del principal partido de la oposición. La crisis migratoria está generando ya fricciones entre las dos formaciones de la derecha, que conforman gobiernos autonómicos de coalición. Vox lleva meses cargando contra el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas. De hecho, el pasado mes de junio acusó a su Administración de sostener las políticas migratorias de Moncloa y contribuir con el denominado “efecto llamada”. Un mes después, volvió a atacar la “incoherencia” del PP ceutí por su cambio de posición sobre la Ley de Extranjería.
La crisis de finales de julio ha elevado todavía más la tensión. Vivas se reunió este sábado con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para abordar la situación de los menores que permanecen en Ceuta. El presidente ceutí defendió el retorno a Marruecos como salida principal, al tiempo que mantuvo la interlocución con el Gobierno central. Vox, mientras tanto, ha optado por tensar también desde las comunidades donde gobierna junto al PP. Sus vicepresidentes en Castilla y León, Extremadura y Aragón han anunciado que no acudirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para el 13 de agosto y rechazan el traslado de menores desde Ceuta mientras no concluyan los expedientes individualizados.
La cuestión tiene una carga política añadida: en esas tres autonomías, Vox participa en gobiernos de coalición con el PP y ha asumido competencias relacionadas con menores migrantes. El PP también ha endurecido su discurso sobre la gestión gubernamental de Ceuta, pero la propuesta de Vox obliga a dar un paso distinto. Ya no se trata únicamente de pedir explicaciones, exigir comparecencias o cuestionar la política migratoria del Ejecutivo, sino de respaldar una acusación por “traición” y delitos contra la seguridad del Estado.
Ese es precisamente el terreno en el que Abascal intenta incomodar a Génova. Si el PP rechaza sumarse, Vox tendrá margen para presentarse ante su electorado como la fuerza que está dispuesta a llegar más lejos contra Sánchez. Si lo hace, asumirá una ofensiva constitucional de máxima gravedad que, además, todavía necesitaría apoyos adicionales para prosperar.
