Los Gallardos, en Almería, La Mierla en Guadalajara, la Sierra Oeste de Madrid, Burgohondo, en Ávila, la Vall d’Uixó, en Castellón, Arribes del Duero en Zamora… Hasta 180.000 hectáreas se han quemado en España en lo que va de año en 38 grandes incendios, los de más de 500 hectáreas. La cifra multiplica por seis la del mismo periodo de 2025. Las condiciones meteorológicas que impone el cambio climático, con sucesivos trenes de olas de calor prácticamente desde finales de mayo, y el abandono de prácticas tradicionales han favorecido que aumente en los montes la cantidad de lo que los expertos llaman combustible, especies vegetales susceptibles de arder, lo que, combinado con factores como las altas temperaturas o el viento, favorecen la propagación mucho más rápida y con mucha mayor intensidad de las llamas hasta lo que se conoce como fuegos «fuera de capacidad de extinción». La clave, coinciden los cinco expertos consultados para este reportaje, no pasa, sin embargo, tanto por las estrategias de extinción como por la prevención, un aspecto al que se reclama destinar entre cinco y diez veces más de lo que se está haciendo.
Frente a lo que pueda parecer, no se registran más incendios ahora. De hecho, el número de fuegos registrados en la última década (2016-2025) es un 33% menor respecto al de la década anterior, según datos del Ministerio de Transición Ecológica. Lo que sí ha ocurrido es que son siniestros de cada vez mayor magnitud. El número de hectáreas quemadas en España en ese intervalo ha aumentado un 8%, y la proporción de grandes incendios sobre el total se ha incrementado en un 47%.
«La ciencia es abrumadora y pone el foco en el cambio climático», asevera Lourdes Hernández, consultora medioambiental y experta en incendios forestales de la organización WWF. «Lo que estamos viendo son olas de calor cada vez más tempranas, más intensas y más duraderas. Este año hemos tenido un invierno y una primavera lluviosos que ha hecho crecer mucho la vegetación herbácea y el pasto, y en cuanto llega la primera ola de calor, todo eso se deseca muy rápidamente, lo que facilita la propagación rápida».
El aumento de temperaturas influye también en las masas forestales. «En la península Ibérica y en todo el Mediterráneo las especies empiezan a dejar de adaptadas al clima al que estaban acostumbradas, están extremadamente estresadas y se secan si no completamente sí en parte, lo que las vuelve más inflamables», prosigue Hernández.
A ello añade el abandono de usos tradicionales del monte. Sin ganadería extensiva, sin trashumancia, sin huertas alrededor de los municipios, sin el aprovechamiento de leña como fuente de energía en los hogares, la masa forestal crece, pero crece en un contexto de no gestión, lo que de nuevo genera propagaciones mucho más rápidas. En los últimos 15 años se ha abandonado en España el uso de en torno a dos millones de hectáreas, a añadir a otros dos millones dejadas a lo largo del siglo pasado.
Lo explica bien el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana. «Cuando se abandonan muchos cultivos, cuando se abandonan pastizales, cuando se deja de aprovechar la leña, la naturaleza reacciona, y reacciona produciendo matorral que ocupa los antiguos cultivos, luego empiezan a aparecer arbolitos y al final tenemos ese crecimiento, esa acumulación de combustible que hace que cuando llega el fuego alentado por el cambio climático, se convierta en auténticos monstruos imposibles o muy difíciles extinguir en un momento dado», relata.
Se entiende que un incendio está «fuera de capacidad de extinción» cuando emite una energía de más de 10.000 kw/h por metro de frente. «A esos niveles el fuego está emitiendo tanta energía que por más agua que le eches no le vas a hacer cosquillas», ejemplifica Víctor Resco de Dios, profesor de la Universitat de Lleida. No solo eso, sino que directamente los efectivos no se pueden acercar con mangueras o con bulldozers. «Es el equivalente a poner 5.000 radiadores domésticos en un espacio de un metro», continúa. «La cuestión es que los peores incendios llegan a emitir hasta 150.000 kw por metro, que sería como tener 75.000 radiadores en frente. No te puedes poner delante porque no durarías ni un minuto vivo y el agua desde medios aéreos se evapora antes de llegar a tocar las llamas. Cada 2.700 hectáreas vendrían a emitir la misma energía que una bomba atómica».
Cuando liberan tanta energía, el humo, el calor y el aire caliente forman lo que se conoce como un pirocumulonimbo, “una especie de nube como que sube con aire bastante caliente hacia las capas superiores de la atmósfera y cuando se encuentra con una capa de aire frío se enfría y se desploma produciendo vientos en todas direcciones y expandiendo el incendio en direcciones erráticas”, describe Tolesana.
Evacuaciones masivas
Como consecuencia, incendios que antes se extinguían en dos o tres días ahora duran una semana o 10 días. Una circunstancia en la que también interviene otro factor que apunta Hernández, “la guinda al cóctel perfecto”, que es el aumento de la interfaz urbano-forestal. El abandono de prácticas como el mantenimiento de huertos en las inmediaciones de los pueblos y la proliferación de urbanizaciones y casas aisladas en pleno monte favorecen la llegada de las llamas a núcleos de población. Y eso cambia la estrategia de extinción, que se tiene que centrar primero en proteger la vida de las personas.
“Surgen fuegos en zonas tan habitadas como los que estamos viendo, que llegan a afectar a 70.000 personas, que es una barbaridad. Es algo nuevo y que condiciona las operaciones de extinción”, tercia Raúl Quílez, ingeniero técnico forestal y ex director gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Emergencias (SGISE). “Lo primero es ir a auxiliar a las personas, y el incendio queda un poco abierto, a menudo con una velocidad de propagación muy grande”.
Ante este panorama, se imponen otras soluciones. “Sabiendo que ha cambiado el clima, el paisaje y que hemos cambiado como sociedad, lo que necesitamos es afrontar la lucha contra los incendios de otro modo”, opina Hernández. Las cifras que maneja la especialista de WWF apuntan a que en el conjunto de España se invierte en torno a un 80% en extinción frente a un 12% en prevención. El 8% restante se destina a restaurar. Son unos 700 millones de euros anuales lo que se dedica a apagar fuegos frente a unos 180 millones a prevenirlos, una cantidad que todos los expertos consideran que hay que elevar.
Cierto consenso técnico habla de intervenir para la eliminación de combustible en un 5% del territorio forestal, lo que significaría pasar de unas 200.000 o 250 hectáreas a más de un millón. “En alguna ocasión he dicho que habría que multiplicar por 10 la inversión en prevención”, señala el decano de los ingenieros de montes. “Quizá sea algo exagerado que hay que estimar con más precisión, pero lo que está claro es que hay que multiplicar varias veces la inversión”.
“A nivel técnico, junto con la Fundación Pau Costa, que es una fundación con la que trabajamos especializada en la gestión de incendios hemos intentado hacer un análisis realista”, señala por su parte Lourdes Hernández. “Concluimos que se tiene que gestionar anualmente el 1% de las superficies forestales, y eso implica una inversión de 1.000 millones de euros al año”. Supone multiplicar los actuales 180 millones de euros destinados a prevención de incendios forestales más de cinco veces. “Hay bastantes entidades adheridas a tratar de que las administraciones adquieran este compromiso”.
«Como un corte de pelo»
Se trataría de que esa intervención fuese estratégica, de manera muy selectiva, priorizando las zonas de alto riesgo y después de que las comunidades autónomas hayan hecho el ejercicio de identificar y cartografiar cuáles son esas zonas en su territorio. También, apunta Quílez, introduciendo una silvicultura más moderna y adaptada a nuevas circunstancias. “La prevención tradicional anda mucho en la línea de las fajas cortafuegos”, detalla. “Lo que se plantea ahora es la gestión de rodales con baja carga de combustible. Visualmente son como rotondas que dirigen el tráfico en diferentes direcciones. En esas rotondas cambias la estructura de combustible, te lo llevas a otro tipo de vegetación, incluso metes zonas agrícolas”.
Los cortafuegos, de hecho, son infraestructuras necesarias fundamentalmente para facilitar el acceso a los servicios de extinción, no tanto como barreras a la propagación del fuego ante los incendios de esta nueva magnitud. En los incendios de la Sierra Oeste y de Ávila, mantiene Hernández, ha habido pavesas que han volado a hasta dos kilómetros de distancia.
El problema de la gestión para eliminar combustible es que esos tratamientos se pierden de un año para otro. Como gráficamente expone el exgerente de SGISE, “es como un corte de pelo, al final sigue creciendo”. Por eso, prosigue, lo ideal es que esas intervenciones y esa gestión forestal resultara en algo económicamente rentable. Cultivos como viñas, olivares o frutos secos, prácticas de ganadería extensiva o la explotación maderera. Cada año los bosques españoles crecen en entre 50 y 60 millones de metros cúbicos de madera y se están cortando entre 15 y 20 millones. El resto es crecimiento neto. En Europa se aprovecha de media el 70% del crecimiento, en algunos países como los nórdicos, más del 80%. “Deberíamos intentar aproximarnos más a eso”, opina Tolesana.
No es sencillo. El abandono del medio rural es un fenómeno económico y sociológico difícil de revertir. Pero como sugiere la responsable de incendios forestales de WWF, sí hay gente que quiere quedarse o volver a los pueblos “y se tiene que generar las condiciones adecuadas para que puedan hacerlo de una forma justa y rentable, porque están ofreciendo servicios ambientales al conjunto de la sociedad en forma del aire que respiramos, el agua que bebemos, los productos de los que nos alimentamos”. Por eso aboga por volver a dinamizar usos en el sector primario compatibles con la conservación de la biodiversidad. Entre los instrumentos para ello plantea, por ejemplo, bonificaciones fiscales a las actividades agrosilvopastorales. “Tenemos que ser creativos y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance”.
Prohibición frente a regulación
A ese respecto han surgido en estas semanas opiniones diversas sobre pretendidas trabas burocráticas a las tareas de gestión forestal y limpieza de montes. “Es un bulo que la Ley de Montes impida limpiar el monte, de hecho, impone obligaciones al respecto, que luego son difíciles de hacer cumplir”, afirma Tolesana.
“Se confunde prohibición con regulación”, asevera José Manuel Marraco, abogado y miembro del patronato de la fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). “Yo siempre pongo el mismo ejemplo: uno en su casa puede hacer reformas, pero si las hace sin licencia le multan. En relación con los montes es igual”. El propietario de un monte forestal con un plan de gestión aprobado y en vigor puede llevar a cabo actuaciones en la mayoría de los casos simplemente con una declaración responsable. Hay limitaciones en tiempo de riesgo alto de incendio o en espacios naturales protegidos, que suponen un 30% de la superficie forestal.
Es una de las direcciones en las que merece la pena avanzar. Otra es la que Víctor Resco de Dios define como “incorporar la inteligencia” a la extinción. No se trata tanto de multiplicar los medios, que da por suficientes, como de profundizar en el análisis y planificación para adaptarse a incendios de semejante magnitud. La tecnología abre nuevas posibilidades, desde la modelización y simulaciones de incendios o el empleo de inteligencia artificial aplicada al estudio del comportamiento del fuego a la sensorización y monitorización de las constantes vitales de los agentes que trabajan en la extinción, más allá de su geolocalización, para la toma de datos, además de para su propia seguridad. Al tiempo, añade, la gestión del combustible sigue pendiente. “Necesitamos una prevención a gran escala, llegar al millón de hectáreas”, insiste.
Un último apunte. La mejor forma de evitar un incendio es, evidentemente, que no llegue a haber ignición. Y ahí también hay margen de mejora: de los 8.800 siniestros que tienen lugar al año en España se calcula que aproximadamente el 95% de los casos tienen causa humana, en muchos casos por negligencia.
Fuente: El Periódico de España
