La polémica está servida de nuevo en la adjudicación del contrato de la zona azul y naranja de Zaragoza, valorado en más de 90 millones de euros y con casi 11 años de duración. El Ayuntamiento ya ha anunciado que se lo adjudica a la UTE formada por Indigo Park y Valoriza Servicios Medioambientales, pero aún no se ha firmado la concesión y ahora una de las empresas licitadoras al concurso público, la UTE formada por Eysa y MLN, que quedó como segunda puja mejor valorada, ha presentado un recurso especial en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) pidiendo anular la adjudicación.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, las empresas recurrentes aseguran haber detectado irregularidades que podrían ser motivo de exclusión de la oferta ganadora en la escasa información que aseguran haber podido constatar, porque también alertan de su «indefensión» de cara a acceder a los detalles de la propuesta de Índigo y Valoriza, de la que solo les han facilitado menos del 15% del contenido amparándose en la confidencialidad exigida por estas empresas y que el órgano de contratación no ha analizado ni motivado para concedérselo.
Es decir, este recurso especial que amenaza con paralizar la puesta en marcha del nuevo contrato en Zaragoza plantea que de lo poco que conocen ya hay argumentos suficientes para concluir que será imposible materializar la oferta mejor valorada en la licitación. Tales como que se ha producido una «contaminación» de documentos incluidos en los sobres que no debían aparecer. O que se recurre a instalaciones como el párking municipal de la Plaza Salamero que sí gestiona el grupo al que pertenece Índigo Park España pero no es la misma empresa (este lo lleva Índigo Infra España), algo que no permite hacer la ley ni tampoco las condiciones exigidas por el propio ayuntamiento en el aparcamiento subterráneo de Zaragoza, que no le dejaría, como asegura en su puja, utilizar parte de estas para la recarga de vehículos de la concesión del estacionamiento regulado en la ciudad, sino que deben estar a disposición de los usuarios de la ciudad.
Un taller en la «Catedral de Zaragoza»
Tampoco le permite la ley, ni los requisitos del concurso público, obtener puntuación por una propuesta de instalaciones descentralizada en la que, por ejemplo, se pone como posible local para el uso de taller de reparaciones y almacén el que actualmente utiliza la concesionaria actual, Z+M, ya que no es suya y no se puede dejar para más adelante constatar que no puede disponer de él como plantea en su oferta, porque ese establecimiento está en manos de esa UTE, en la que sí está Índigo pero también MLN, empresa que ahora recurre la adjudicación. «Se podría llegar a situaciones absurdas que, tanto los Órganos de Contratación como los Tribunales, deben evitar a toda costa como, por ejemplo, que los licitadores hubiesen propuesto como local para guardar vehículos y realizar labores de mantenimiento la Catedral de Zaragoza y que sus ofertas sean elevadamente valoradas por la localización céntrica de dicho centro de culto religioso y no pudiesen ser excluidas porque, según criterio de los licitadores ofertantes, se trata de una cuestión a resolver durante la ejecución del contrato», exponen las empresas que ahora recurren al TACPA.
Este recurso especial ha puesto el foco en numerosas cuestiones que ponen en duda la viabilidad de una adjudicación que afecta a una de las contratas más caras de la ciudad y que por primera vez será de largo recorrido, 10 años y nueve meses de duración. Y no se trata de cuestionar la valoración de los técnicos, sino de que se otorgaron puntos en la misma a aspectos relevantes que en el futuro no se van a poder ejecutar. Aunque también apunta en dirección al ayuntamiento al señalar que ha podido haber un «trato de favor» con la UTE formada por Índigo y Valoriza por parte del Órgano de Contratación al no «realizar un análisis sobre la confidencialidad declarada por los licitadores» ante la reclamación de la empresa recurrente de acceder a los detalles de su puja.
Aseguran que «prácticamente la totalidad de la oferta estaba censurada, más de 400 páginas con supuestos secretos comerciales y/o industriales» y que entienden que «no ha existido un análisis por parte del Órgano de Contratación o de la Mesa de Contratación para constatar y discernir si, efectivamente, las partes censuradas por la propia UTE contenían secretos comerciales o industriales merecedores de estar amparados por el derecho a la confidencialidad», exponen en su recurso.
Pero además, consideran que también ha podido haberlo con otra circunstancia que le ha otorgado puntos. Uno de los requisitos del concurso a los licitadores era detallar cuántos medidores de contaminación medioambiental instalarían en la ciudad dentro de este contrato del estacionamiento regulado y que el mínimo debería ser de 16. Pues bien, en el sobre donde debería especificarlo este dato no aparecía, pero sí en otro, con el estudio económico y financiero incluido en el sobre 3, donde estaba la oferta económica. Un detalle que no les ha penalizado en la puntuación, ya que se le concede al aclarar en ese sobre 3 que serían 116 medidores, un dato que no aparecía en el sobre 2. O la puntuación que se le da por cómo aplicará una de las novedades del contrato, la posibilidad de reserva y de vigilancia en las zonas de carga y descarga de Zaragoza, también presente en el sobre equivocado… Esto fundamenta lo que las recurrentes consideran que es «contaminación de sobres», un «incumplimiento» de los pliegos y la normativa vigente que tiene «consecuencia automática de exclusión de la oferta del licitador infractor«, algo que afirman que no se ha producido.
Estos son solo algunos de los argumentos esgrimidos para solicitar al TACPA «la estimación de este recurso especial, la nulidad de la adjudicación del contrato a favor de la UTE Indigo Park-Valoriza Servicios Medioambientales, la exclusión de su oferta y la retroacción de las actuaciones para que continúe el procedimiento con los cauces correspondientes». Y si eso fuera así, sería la suya, la de la UTE formada por Eysa y MLN la que se adjudicaría este importante contrato. Una batalla abierta, no hay que olvidar, entre dos empresas, Índigo y MLN, que mientras esto dure seguirán gestionando la zona azul y naranja de Zaragoza, que sigue prorrogada mientras tanto. La polémica está servida.
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