La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está investigando las circunstancias concretas de la venta de la participación del 14,3% que Advanced Engineering and Manufacturing, vehículo inversor de los hermanos Ángel y Javier Escribano, tenía en Indra. Así lo ha confirmado el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito a Vox, que había preguntado, entre otras cuestiones, por el posible uso de información privilegiada en la operación.
El Ejecutivo señala que la CNMV, “en el ejercicio de sus competencias de supervisión”, está realizando las actuaciones correspondientes para recabar información sobre la salida de los Escribano del capital de Indra y sobre “el correcto cumplimiento de las obligaciones de reporte”. Según añade, la información remitida al regulador será analizada y, en función del resultado de ese análisis, el organismo presidido por Carlos San Basilio adoptará “las medidas que correspondan”.
La operación objeto de análisis se produjo a comienzos de mayo, cuando Advanced Engineering and Manufacturing colocó de forma acelerada la totalidad de su participación del 14,3% en Indra. El paquete accionarial estaba valorado en más de 1.300 millones de euros y suponía la salida completa del accionariado de la compañía tecnológica y de defensa por parte de la matriz de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
La respuesta parlamentaria del Gobierno precisa que la CNMV viene monitorizando la situación de Indra, “como la de cualquier otra sociedad cotizada”, en lo relativo a la transparencia y a sus actuaciones en los mercados de valores. No obstante, el Ejecutivo subraya que el supervisor no tiene competencias sobre las operaciones y decisiones empresariales que las entidades cotizadas lleven a cabo en su actividad ordinaria, ni tampoco, con carácter general, para fiscalizar las decisiones adoptadas por sus órganos de gobierno.
Ganancias de 195 millones
La investigación se produce después de que las últimas cuentas de Advanced Engineering and Manufacturing, correspondientes al ejercicio 2024 y depositadas en el Registro Mercantil, reflejen que los Escribano obtuvieron unas ganancias netas totales de 195 millones de euros tras cancelar todas sus posiciones financieras relacionadas con Indra. Esas posiciones incluían acciones, deuda y un derivado financiero contratado con JP Morgan.
EM&E entró en el capital de Indra en 2023, cuando adquirió un 8% por 192,54 millones de euros. Posteriormente, en diciembre de 2024, elevó su participación con la compra de otro 6,3% por 185,41 millones. En total, la inversión rozó los 378 millones de euros.
Para financiar la primera operación, la compañía firmó en noviembre de 2023 un acuerdo con JP Morgan que implicó la pignoración de la totalidad de las acciones correspondientes al 8% de Indra. La empresa contrató además un derivado financiero, un ‘equity collar’, para proteger la inversión frente a determinadas fluctuaciones de la acción durante el periodo de financiación. Según las cuentas de la sociedad, el coste inicial de este derivado ascendió a 3,14 millones de euros.
Un año después, en diciembre de 2024, la decisión de EM&E de aumentar su peso en Indra llevó a suscribir un nuevo acuerdo con JP Morgan. Ese pacto supuso cancelar la financiación anterior y contratar otra nueva para completar la participación del 14,3%. Como garantía, los Escribano pignoraron a favor de JP Morgan todas las acciones correspondientes a esa posición, aunque en enero de 2025 se despignoró un 10,6% del paquete total.
Las cuentas de la matriz de EM&E detallan que el valor del préstamo a cierre de 2024 ascendía a 372,19 millones de euros. Las condiciones pactadas incluían dos años de carencia tanto en el pago de intereses como del principal, con amortización lineal posterior hasta febrero de 2029.
Dos UTE con Indra
La propia compañía reconocía en su memoria que la toma de una “participación significativa” en Indra reforzó su modelo de negocio al permitirle acceder a “escenarios de negociaciones de proyectos claves para la Defensa española”. Esa afirmación cobra especial relevancia por la relación posterior entre ambas compañías en contratos públicos de gran importe.
EM&E e Indra constituyeron dos uniones temporales de empresas a las que el Gobierno adjudicó dos contratos de artillería valorados conjuntamente en 7.240 millones de euros. Estas adjudicaciones han sido objeto de una disputa legal y judicial impulsada por Santa Bárbara Sistemas, aunque las negociaciones abiertas entre Indra y Santa Bárbara apuntan a un posible desenlace de ese conflicto.
Vox había planteado al Gobierno seis cuestiones relacionadas con la salida de EM&E del capital de Indra. Entre ellas, preguntaba por la posible participación de la SEPI en la operación y por el papel de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, dirigida por Manuel de la Rocha, en la frustrada fusión entre Indra y EM&E. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo se ha limitado a exponer las actuaciones de la CNMV y a recordar el marco competencial del regulador.
El Gobierno insiste en que las actuaciones de la CNMV se circunscriben a su capacidad de supervisión sobre los sujetos sometidos a la normativa del mercado de valores, incluidas las personas físicas o jurídicas que puedan verse afectadas por esa regulación. Será el análisis de la información recabada el que determine si el supervisor aprecia irregularidades y si procede adoptar medidas.
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