RTVE se ratifica en los expedientes internos abiertos a siete de los nueve miembros del Consejo de Informativos de RNE que denunciaron mala praxis y falta de rigor en los informativos de la emisora pública. En un comunicado publicado este miércoles, la dirección de José Pablo López defiende que los miembros de este órgano de control «no gozan de impunidad ni de inviolabilidad» al tiempo en que defiende la legalidad de las actuaciones iniciadas por la dirección, que han sido fuertemente cuestionadas a nivel interno, con el rechazo unánime de los sindicatos y una protesta conjunta de los tres órganos de control que existen en la corporación -Consejo de Informativos de RNE, de TVE y de RTVE-, que pedían la suspensión de estos expedientes y que este mismo miércoles solicitaron una reunión con el presidente de la corporación. Otros organismos como Reporteros Sin Fronteras también han reclamado el cierre de estas investigaciones internas.
Lejos de estas peticiones, RTVE defiende los expedientes abiertos por sanciones muy graves, que podrían conllevar desde la suspensión de empleo y sueldo hasta el despido. La corporación presidida por José Pablo López precisa que «no se juzga a un órgano, se investigan conductas individuales«, asegurando que «los procedimientos disciplinarios laborales no van dirigidos contra el Consejo de Informativos de RNE como institución», sino que «se investigan denuncias de hechos concretos sobre personas concretas». Así, lanza una advertencia: «Nadie, por pertenecer a un órgano de representación, goza de impunidad o inviolabilidad frente a denuncias de acoso de otros compañeros o de mala praxis regulatoria».
La regulación interna de RTVE, sin embargo, sí contempla la especial protección de los miembros de los Consejos de Informativos, encargados de velar por la neutralidad del ente. El artículo 47.c del Estatuto de Información de RTVE recoge expresamente que ningún miembro del Consejo de Informativos podrá «ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato», detalla, «siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación».
Informe basado en las resoluciones
El comunicado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la dirección de RTVE argumenta que los procesos abiertos «no responden a una decisión arbitraria, sino a la obligación legal de actuar ante denuncias graves», asegurando que «existen dos denuncias formales» por acoso. Además, defiende la legalidad de estas actuaciones, pese a que la Comisión Antiacoso dio carpetazo al asunto y rechazó elevar informe alguno sobre los hechos a la dirección.
La dirección, sin embargo, basa los expedientes abiertos precisamente en este informe elaborado por un psicólogo externo contratado por la propia empresa. «Tras el informe técnico preceptivo de una entidad externa especializada que validó la gravedad de los hechos, la Dirección de Recursos Humanos está legalmente obligada a tramitar el expediente«, señala el comunicado, que insiste en que «Recursos Humanos mantiene intactas sus competencias legales para proseguir el procedimiento».
El informe elaborado por la empresa externa, sin embargo, se basa precisamente en los comunicados del Consejo, la actividad legalmente encomendada a este órgano, y justifica el presunto acoso en los «diversos pronunciamientos cuestionando a (R.M) por mala praxis profesional, sin dar audiencia previa a la misma, estableciendo un patrón mantenido en el tiempo, al ser estos acuerdos difundidos reiterados, sistemáticos y sostenidos, al menos desde el 28 de enero de 2026″. Fuentes próximas al órgano apuntaban a que se habían producido llamadas y reuniones presenciales con la denunciante antes de emitir los comunicados.
A esto, RTVE añade dos denuncias interpuestas por las dos miembros del Consejo de Informativos que no han sido expedientadas, donde alertan de la «existencia de actuaciones presuntamente irregulares y de mala praxis en el funcionamiento interno del propio órgano». Así, ratifica una segunda investigación y señala que «la Secretaría General ha remitido este expediente a la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento para su investigación oficial».
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