Espaldarazo judicial a la regularización de inmigrantes que impulsa el Gobierno y que ha vuelto a abrir una falla en la política española. La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido no adoptar la medida cautelar solicitada por la Generalitat Valenciana y Aragón para suspender la regularización de extranjeros aprobada por le Gobierno.
Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, después de que el Consell de Juanfran Pérez Llorca y otros gobiernos autonómicos impulsaran acciones judiciales contra la medida extraordinaria impulsada por el Ejecutivo.
En relación con el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala entiende que no procede en este momento dada la decisión de no suspender la ejecución.
Cabe recordar que a pesar del aval de los sindicatos, la patronal y hasta la jerarquía de la Iglesia a esta medida, la Generalitat acudió al choque con el Gobierno contra un proceso que ha generado 167.286 peticiones de extranjeros en la Comunitat Valenciana para conseguir los papeles. El Consell ha recurrido por entender que se ha hecho sin previsión ni fondos y va a «poner en riesgo» los servicios públicos.
Tras esta primera decisión, el Supremo tiene todavía que resolver los recursos planteados contra la norma por la Generalitat y otras autonomías presididas por el PP, como Madrid o Aragón, además de Vox. De momento, con esta primera decisión la justicia no paraliza el proceso, que podrá continuar mientras se resuelven los recursos.
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