La Asamblea Nacional francesa aprobó este martes un aumento de 36.000 millones de euros en el presupuesto de defensa, en un contexto marcado por las guerras de Ucrania y Oriente Medio.
A pesar de la oposición de La Francia Insumisa y de los Ecologistas, esta actualización del proyecto de ley fue aprobada por 440 votos a favor y 122 en contra durante un tenso debate parlamentario, donde la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, defendió «la necesidad de acelerar e intensificar los esfuerzos de rearme», mencionando las «lecciones aprendidas» en «Ucrania, así como de Oriente Próximo y Medio, pero también de la crisis del covid».
Esta ampliación suplementaria representa un 2,5% del PIB francés y se produce justo dos años después de la aprobación de la ley de programación militar 2024-2030, con la que el Gobierno francés ya incrementó el gasto militar a 436.000 millones de euros para finales de la década, 36.000 millones más que en la última ley de 2023. Además se añadieron casi 13.300 millones de euros en recursos adicionales, procedentes en particular de los ingresos inmobiliarios o de los ingresos del servicio de sanidad de las fuerzas armadas.
Esta actualización, sin embargo, no prevé modificar el tamaño de las fuerzas armadas (210.000 efectivos en servicio activo, 225 aviones de combate y 15 fragatas de primera clase), sino hacer hincapié en áreas de inversión consideradas esenciales, como municiones o drones. Aún así, el artículo ha suscitado seria preocupación en la izquierda, especialmente entre los insumisos, quienes consideran que los criterios para su aplicación «son demasiado vagos». «Una decisión tan importante, que permite excepciones a la ley ordinaria y aumenta los poderes del poder ejecutivo, debe necesariamente someterse al Parlamento», insistió, Bastien Lachaud, diputado de La Francia Insumisa.
Nuevo régimen de excepción
La votación parlamentaria también ha dado luz verde a un nuevo régimen de excepción centrado en el «estado de alerta de seguridad nacional» que podrá activarse «en todo el territorio nacional o en parte de él, mediante decreto del Consejo de Ministros en caso de una amenaza grave e inminente». Este punto ya había generado en el pasado discrepancias en el hemiciclo, pero la ministra Catherine Vautrin volvió a insistir este martes que «no atenta contra la libertad individual».
Con esta nueva enmienda, el Gobierno podrá simplificar los procesos administrativos para permitir «exenciones de las regulaciones ambientales y de planificación urbana», con el fin de cumplir un objetivo militar. Asimismo, el texto amplía la capacidad de los servicios de inteligencia para el uso de algoritmos de rastreo y explotar datos para la lucha contra «el crimen organizado, y el tráfico de drogas y armas».
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