A principios de agosto de 2025, cuando la grave situación en Ourense por los incendios forestales adquiría una dimensión mayor cada jornada, el primer gran incendio del verano pasado en Galicia afectaba a 578,7 hectáreas en el municipio de Vilardevós, en la parroquia de Terroso, tras comenzar a las 23 horas de la noche del día 1 de agosto, en distintos focos. La fiscal Laura Echevarría, nueva delegada provincial de Medio Ambiente y Urbanismo en el ministerio público, ha presentado el escrito de acusación contra el sospechoso. Pide 6 años de cárcel. Se trata de un hombre que fue detenido por la Guardia Civil días después de los hechos, y que permanece en prisión provisional, tras varias negativas de la justicia a su puesta en libertad, ante los «serios indicios» que pesan en su contra y el riesgo de fuga y reiteración delictiva que aprecia el tribunal instructor de Verín, en su plaza 2, y la Audiencia Provincial de Ourense, donde el presunto incendiario será juzgado.
El acusado ya fue condenado en 2018, en una sentencia del juzgado Penal 2 de Ourense por un delito continuado de daños, causados por fuego (aunque no por incendio forestal). El gran frente de Vilardevós, el que estrenó la peligrosa serie de fuegos forestales que mantuvo a la provincia en peligro, en una situación de emergencia durante semanas, fue un hecho provocado y deliberado. La Fiscalía considera que el encausado plantó las llamas en dos lugares próximos a una carretera, separados por unos 1.340 metros de distancia. Presuntamente, el incendiario utilizó su vehículo para desplazarse y cometer el delito.
Sobre las 22:57 horas del 1 de agosto de 2025, el presunto incendiario recorrió la carretera que une las localidades de Terroso y Soutocovo (OU-1006). «Una vez allí, prendió fuego en dos puntos de la vegetación adyacente a la vía, uno en el margen izquierdo y otro en el derecho», sostiene el ministerio público en su informe.
Presuntamente, siguió con su vehículo hasta una zona próxima a Soutocovo, a 1,3 kilómetros de distancia del primer punto. Habían transcurrido tres minutos. Sobre las 23 horas, el acusado «repitió la operación, aplicando una fuente de calor externa en dos puntos de los márgenes de la vía, uno a cada lado, y generando así otros dos focos de fuego», completa la Fiscalía.
Agentes de la Guardia Civil, en el entorno afectado por este incendio. / BRAIS LORENZO
El incendio se propagó y afectó a una superficie total de 578,70 hectáreas, un total de 59,08 de monte arbolado y 519,62 hectáreas de monte bajo. La peligrosidad de este frente obligó a confinar dos poblaciones, Doña Elvira y el barrio de As Picotas, de Vilardevós. Los trabajos de extinción se prolongaron durante una semana, hasta el 8 de agosto de 2025. El operativo tuvo un coste que ascendió a 833.786,71 euros. Según los datos recopilados en su momento por Medio Rural, intervinieron más de 200 efectivos, entre los que se encontraban 83 brigadas, 56 agentes, 54 motobombas, 12 técnicos, 6 palas, 12 aviones, 12 helicópteros y unidades de la UME. La Fiscalía solicita que el presunto incendiario sea condenado a indemnizar a la Xunta con esta cantidad.
Durante las labores de extinción, un bombero forestal sufrió una intoxicación leve por humo, pero ha renunciado a la indemnización que pudiera corresponderle por estos hechos, según hace constar la fiscal en su escrito de calificación.
Este primer gran incendio de la catastrófica oleada de agosto de 2025 tuvo lugar «en condiciones claramente favorables a la propagación», recalca el ministerio público. Aquella noche el Índice de Riesgo Diario de Incendio (IRDI) era muy alto. Las llamas afectaron al área de especial interés paisajístico de la Serra de Penas Libres —así bautizó la Guardia Civil la investigación que culminó con la detención del acusado—, así como a uno de los Caminos de Santiago, concretamente a un tramo de la Vía da Prata. No obstante, los daños ambientales ocasionados por este incendio «son de escasa relevancia», precisa la fiscal en su escrito. El fuego también alcanzó «múltiples» fincas de particulares, que en este procedimiento judicial han renunciado a ejercer las acciones civiles o penales que pudieran corresponderles.
La delegada provincial de Medio Ambiente del ministerio público califica estos hechos como un delito continuado de incendio forestal. Atribuye al encausado la circunstancia agravante de reincidencia. Además de solicitar 6 años de prisión y el pago a la Xunta de 833.786,71 euros por los gastos de extinción del incendio —más los intereses legales aplicables—, la Fiscalía pide la imposición al acusado de una multa de 3.600 euros.
El momento de la detención, en agosto de 2025. / GC
«Resulta plenamente ajustado a las circunstancias concurrentes el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional», concluyó la Audiencia Provincial el pasado marzo, al desestimar el recurso de la defensa, que pretendía la liberación del acusado.
La letrada argumentaba la supuesta debilidad de indicios contra el implicado, que fue detenido por la Guardia Civil tras una investigación conjunta del equipo de Policía Judicial de Verín y el Seprona de la Comandancia de Ourense. La defensa consideraba que la imputación del delito de incendio forestal solo se sostiene por las testificales de cuatro vecinos que vieron pasar un vehículo a gran velocidad por los lugares en los que, a continuación de inició el fuego. Además, la defensa pedía la libertad por razones de arraigo y de domicilio conocido del sospechoso. Como alternativa, la abogada propuso que se fijase una fianza. «Frente a tales alegaciones, ha de compartirse el criterio de la instructora, manteniendo la medida adoptada, atendiendo a que, en efecto, no se han modificado las circunstancias tomadas en consideración al momento de su adopción», argumenta la Audiencia.
La sala se remite a un auto previo, de octubre de 2025, el que confirmó la medida de prisión adoptada inicialmente, tras la detención del sospechoso. A estas alturas del procedimiento, existen «serios indicios de la participación del investigado en el delito de incendio que se le imputa, a los que nos remitimos». Los magistrados fundamentan su decisión así: «No se han alterado las circunstancias tomadas en consideración entonces, no pudiendo atenderse a los motivos alegados por el apelante, que no justifican la procedencia de la modificación de la situación personal del investigado, pues persiste el riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena que en su día pueda solicitarse, así como el de reiteración delictiva, dada la trayectoria de aquel, obtenida del examen de su hoja histórico penal», expone la Audiencia.
Este incendio de 578 hectáreas en Vilardevós obligó a activar la situación 2 de emergencia, un nivel de crisis que se extendió a toda la provincia en las jornadas posteriores, que sumieron a Ourense en la peor crisis por el fuego de su historia, con más de 100.000 hectáreas devastadas en pocas semanas. Cabe recordar que, en apenas unos días, la provincia registró los tres mayores incendios forestales de Galicia desde que hay registros.
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