El Gobierno impulsó en julio de 2020, en lo peor de la crisis económica provocada de la pandemia de covid, un instrumento extraordinario para evitar el derrumbe de compañías que se consideraban estratégicas, que eran viables, pero que estaban en verdadero peligro por el golpe de una economía paralizada por el confinamiento, primero, y las restricciones de movilidad por seguridad, después.
Un fondo milmillonario que buscaba ser el salvavidas de compañías de distintos sectores clave, con inyecciones en modo de préstamo, y que estaba controlado por la SEPI. El holding estatal manejaba el fondo de rescate y decidía qué solicitudes atender en función de unos criterios de elegibilidad marcados por la Comisión Europea y que, según el Tribunal de Cuentas, se aplicaron correctamente en las operaciones finalmente aprobadas. Sin embargo, las varias investigaciones judiciales abiertas ahora sobre diferentes casos de presunta corrupción vinculadas al PSOE están consiguiendo poner en entredicho el proceso de concesión de los préstamos.
Del entramado empresarial ligado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a las varias tramas vinculadas al exsecretario de Organización Socialista Santos Cerdán en las que también participaba la militante y fontanera Leire Díez, o a las actuaciones como comisionista y muñidor de Víctor de Aldama y su vinculación al exministro José Luis Ábalos o su colaborador Koldo García. Y también con la presunta colaboración a la postre remunerada del expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero.
Actuaciones ahora bajo investigación judicial, por posibles tráfico de influencias o por cobro de comisiones, que han puesto bajo sospecha los rescates de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra o del grupo industrial Tubos Reunidos. Y que extiende la incertidumbre y la sospecha sobre el resto de operaciones de apoyo financiero extraordinario aprobadas en plena crisis.
Un salvavidas de 10.000 millones
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) con una dotación para inyectar préstamos a compañías de 10.000 millones de euros. La SEPI recibió un total de 74 solicitudes de apoyo financiero por importe de 5.393 millones de euros. Se aprobaron menos de la mitad de las peticiones.
El consejo gestor del Fondo aprobó la concesión de un total de 30 rescates con préstamos que acumulaban un importe conjunto de 3.256 millones de euros. Pero dos de las compañías adjudicatarias acabaron desistiendo y sólo se hicieron efectivos 28 planes de salvación por 2.681 millones. Los préstamos deben ser saldados por las compañías antes de 2029, pero más de una decena han optado por una devolución anticipada y aún quedan por restituir unos 940 millones.
Terremoto judicial
Tras meses de operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, de la Fiscalía Anticorrupción y ahora también por parte de la Audiencia Nacional, son crecientes las dudas en torno a los rescates otorgados por el Gobierno Tubos Reunidos (112,8 millones), Plus Ultra (53 millones) y Air Europa (475 millones).
Agentes de la UCO han llevado a cabo este mismo jueves un registro en una sede de la metalúrgica Tubos Reunidos en Bilbao, en busca de elementos para confirmar desvíos millonarios de fondos procedentes de ayudas públicas canalizadas por la SEPI. Los indicios apuntan a que una trama autodenominada en euskera «Hirurok» (Nosotros tres), compuesta por la «fontanera» del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Antxon Alonso, que según los investigadores era socio del exdirigente socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000, habría percibido y repartido comisiones por su «intermediación» en el rescate de 113 millones a la firma vasca Tubos Reunidos.
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto en la picota de nuevo el rescate de 53 millones recibido por la pequeña aerolínea Plus Ultra, como posible punta del iceberg de un complejo caso de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Desde hace meses ya se venía investigando si parte del dinero del rescate público de la compañía aérea fue destinado a blanquear capitales procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios en Venezuela.
Bajo lupa ha estado desde hace tiempo el doble rescate de Air Europa por un importe global de 475 millones, uno de los mayores aprobados por la SEPI. Una operación en la que se considera relevante la intervención de José Luis Ábalos, entonces ministros de Transportes, atendiendo los intereses del empresario Víctor de Aldama, contratado por el grupo turístico como mediador para agilizar el rescate y que presuntamente acabó pagando la estancia en chalé en Marbella para el ministro y su familia.
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