El asesino confeso de Francisca Cadenas tendrá que entregar una muestra de ADN a los agentes de la UCO, tras negarse a someterse a esa prueba. Y lo hará finalmente de manera forzosa, por orden judicial, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.
El juez que investiga el caso ha accedido a la petición de los agentes de la Guardia Civil y ha ordenado «que se practique la toma de muestras biológicas para la extracción de perfil genético» de Julián González. Tanto él como su hermano Manuel están en prisión acusados del asesinato de la mujer, desaparecida el 9 de mayo de 2017 en la puerta de su casa en Hornachos (Badajoz) y cuyos restos fueron recuperados el pasado 11 de marzo, enterrados bajo el patio de la casa de los hermanos González.
Medida necesaria
La UCO había pedido permiso al magistrado para usar las «medidas coercitivas necesarias» para extraer a Julián González una muestra de saliva (su hermano sí aceptó someterse al test). Es una prueba «imprescindible» para cotejar su ADN con el de los objetos recogidos en la casa donde los dos acusados tuvieron casi nueve años escondidos los huesos de Francisca, mientras veían cómo la familia de su vecina la buscaba sin descanso.
En un auto, al que ha accedido este medio, el juzgado de Instrucción 1 de Villafranca de los Barros acepta los argumentos de la Guardia Civil. También los de la Fiscalía y la abogada de la familia de Francisca, Verónica Guerrero, que se adhirieron a la petición de la UCO: «La prueba es idónea, necesaria y proporcional para la averiguación de los hechos», concluye el juez.
Objetos del lugar del crimen
«La obtención del perfil genético resulta de interés para la presente instrucción por cuanto de ella podrían dilucidarse las circunstancias relativas a la muerte de Doña Francisca Cadenas, así como poder identificar objetos relacionados con dichos hechos a partir del resultado de otras diligencias como la inspección técnico ocular ya practicada por los agentes», explica el magistrado.
Añade que se trata, además, de «una diligencia necesaria, ya que el ADN del acusado no podría obtenerse de otro modo«. Y señala que «a pesar de poder resultar afectada la esfera de los derechos fundamentales del investigado no supone una diligencia que le suponga una especial invasión física por el método empleado por los agentes, no existiendo alternativa menos gravosa».
Con la orden del juez en la mano, los agentes de la UCO acudirán al Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, y someterán a Julián a un frotis bucal.
No ha colaborado
Su abogado, José Duarte, aseguró al canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica que aconsejaría al acusado hacer la prueba de ADN voluntariamente. Pero, según las fuentes consultadas por este medio, Julián no se ha pronunciado al respecto en este tiempo. Tampoco su abogado ha presentado ningún escrito para «comunicar su deseo de colaborar con la entrega de su perfil genético».
«Ante la negativa del investigado«, según recoge el auto, el juez «autoriza expresamente la adopción de las medidas coercitivas necesarias» para que los agentes de la UCO puedan tomar las «citadas muestras» de ADN al asesino.
