El parque aeroportuario de Gando ha vuelto al centro del debate político en el Cabildo de Gran Canaria. La consejera de Política Territorial, Inés Miranda, defendió que el proyecto sigue vivo y en tramitación pese a los obstáculos acumulados durante años, tras una interpelación del consejero del PP, Miguel Jorge Blanco, que cuestionó la falta de avances de una infraestructura considerada clave para diversificar la economía insular y, a su vez, reclamó
Miranda aseguró que el Cabildo “no ha estado parado” y atribuyó los retrasos a factores ajenos a la voluntad política, especialmente a la complejidad del planeamiento y a los cambios legislativos. En su intervención, hizo un repaso histórico en el que rememoró que el proyecto heredó un plan territorial elaborado durante 17 años que quedó bloqueado porque los ayuntamientos implicados no delegaron las competencias para su desarrollo urbanístico. Posteriormente, el Cabildo optó por asumir la ordenación pormenorizada a través del Plan Insular, proceso iniciado en 2017 y sometido a evaluación ambiental en 2019, que sufrió demoras por la pandemia y por modificaciones de la Ley del Suelo y otras normativas.
La consejera insistió en que el parque sigue siendo una infraestructura “de trascendencia insular” y confirmó que el Cabildo mantiene su interés en sacarlo adelante. Según explicó, la corporación ha intentado adquirir terrenos, en su mayoría privados y repartidos entre grandes y pequeños propietarios, sin lograr acuerdos. Miranda también defendió la importancia del proyecto en el actual contexto geopolítico internacional, «porque no es baladí la relación existente entre el señor Trump y Marruecos, que pone a Canarias en una situación muy difícil y tenemos que ser valientes y contestar a eso, porque no sólo peligra el parque aeroportuario, peligran nuestros puertos y nuestras costas».
El parque aeroportuario de Gando arrastra más de dos décadas de incertidumbre desde que a finales del siglo XX se planteara al calor de la posible segunda pista del aeropuerto. Impulsado inicialmente por un consorcio entre Cabildo y los ayuntamientos de Telde e Ingenio, el proyecto ha atravesado etapas de paralización, incluida la disolución de ese organismo en 2016 tras constatarse que no había avances pese a años de inversión pública. Su desarrollo depende de la adquisición de suelos privados y de complejos trámites urbanísticos y ambientales.
La carretera de La Pardilla
Durante la sesión plenaria, el consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, ha anunciado que este año sacará adelante un proyecto de obras para mejorar la seguridad y comodidad de la GC-101, la carretera de La Pardilla, en Telde, caracterizada por la cercanía de las viviendas y el estrechamiento peatonal. Durante el debate de una moción presentada por Julio Miguel Rodríguez (Coalición Canaria), que reclamaba el acondicionamiento de la vía, Hidalgo aclaró que antes de cualquier actuación, es preciso colaborar con el Ayuntamiento de Telde para delimitar competencias, ya que, aunque se trata de una vía insular, discurre por suelo urbano consolidado.
El consejero recordó que existe un estudio de alternativas elaborado hace tres años para mejorar la seguridad de usuarios de la vía y de peatones, pero advirtió de que muchas actuaciones implican expropiaciones o intervenciones en suelo municipal. Entre las opciones valoradas, destaca municipalizar la vía o convertir algunos tramos en un único sentido.
Fracaso a la prohibición del burka y niqab
El pleno del Cabildo de Gran Canaria rechazó todas las mociones de la oposición y solo aprobó la del grupo de gobierno por el 8 de Marzo. Entre las iniciativas fallidas figuró una propuesta de Vox para prohibir el acceso a dependencias insulares a personas con niqab o burka, en línea con lo ocurrido recientemente en el Congreso.
Desde el PSOE, Isabel Mena criticó que la moción señalara a las propias mujeres en lugar de a quienes las obligan a vestir así, advirtiendo de que la prohibición podría impedir su acceso a servicios públicos o incluso a salir de su propia casa sin resolver el problema de fondo. Pepa Luzardo (Partido Popular) expresó su coincidencia con el fondo de la cuestión al entender que estas prendas vulneran los derechos de las mujeres y defendió una ley similar a la de otros países para prohibir las prendas, mientras que Carlos Culebras (Coalición Canaria) calificó el debate de “confrontación simbólica” y, aunque también rechazó el burka, ha sostenido que la presencia de esta vestimenta en Canarias es residual.
