Suplir la falta de agentes de Policía Local con seguridad privada. Es la medida que ha impulsado este viernes el Ayuntamiento de Alicante, en una nueva cesión del PP a Vox, de cara a las negociaciones para los presupuestos del 2026. La iniciativa, exigida por los ultras, prevé «liberar» a unos 36 efectivos dedicados a la vigilancia en dependencias municipales.
El Consistorio ha puesto en marcha la licitación de un contrato de seguridad privada en distintos edificios públicos con la intención de «recuperar» a más de una treintena de agentes de Policía Local, para que se incorporen a funciones de patrulla en la vía pública. La medida, según ha reconocido el gobierno de Luis Barcala en un comunicado, forma parte de los acuerdos alcanzados con Vox y se prestará por fases en las dependencias de Seguridad, Cultura, Mercados y Servicios Sociales.
En concreto, las instalaciones y edificios del Ayuntamiento contemplados en este contrato son los depósitos de vehículos de Bacarot y Babel, el castillo de Santa Bárbara, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), los cuatro mercados municipales (Central, Babel, Carolinas y Benalúa) y los Servicios de Atención Integral al Ciudadano (SAIC) de Gastón Castelló y la plaza Séneca, además del arco de seguridad de acceso al Ayuntamiento, por la calle de Jorge Juan.
«Deriva en materia de seguridad»
«Queremos seguir acercando la Policía Local a los alicantinos y potenciar la presencia de nuestros agentes para reforzar la seguridad ciudadana en la vía pública», ha explicado el concejal del área, Julio Calero, quien ha recordado que la contratación de vigilancia privada en dependencias municipales ya se ha llevado a cabo «con toda normalidad» en anteriores mandatos del Ayuntamiento de Alicante. «Este futuro contrato nos ayudará a cumplir ese objetivo, en la misma línea que la nueva Oficina Móvil de Atención al Ciudadano que hemos puesto en marcha el mes pasado en los mercadillos, playas, calles, plazas y puntos de especial afluencia de personas en la ciudad», ha añadido el popular.
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha indicado que la propuesta nace de «la deriva que, en materia de seguridad, está tomando la ciudad», por lo que se considera que»hay que tener el máximo de agentes en puestos operativos de calle y dejar, como en otros tantos ayuntamientos e instituciones, la vigilancia de las instalaciones públicas a la seguridad privada, ahorrando costes y aumentando la función preventiva y reactiva de la Policía Local en la vía pública».
Una cesión más del PP a Vox en las últimas semanas que se suma a más de una decena de medidas pactadas por ambas formaciones en los años 2024 y 2025, cuyo cumplimiento es una exigencia «innegociable» para los ultras, si el ejecutivo de Barcala quiere poder contar con ellos para apoyar el presupuesto del 2026.
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