El Gobierno ha asumido la polémica generada por las declaraciones de María Jesús Montero sobre la absolución de Dani Alves. La vicepresidenta primera calificó el fallo judicial como una «vergüenza» y cuestionó la presunción de inocencia, lo que ha provocado un fuerte rechazo por parte de jueces y fiscales. Sin embargo, tanto La Moncloa como Ferraz han respaldado a la dirigente socialista, enmarcando sus palabras dentro de la «impotencia» sentida ante una sentencia que consideran «cruel» y «difícil de digerir».
El PSOE insiste en que el caso de Alves pone de manifiesto los «prejuicios machistas» que, según denuncian, siguen vigentes en el sistema judicial. «Es inevitable opinar cuando vemos sentencias que generan tanto dolor en la sociedad», aseguran desde el partido. La estrategia gubernamental ha evitado el choque directo con el Poder Judicial, pero no ha dejado de enfatizar la falta de una formación específica en la carrera judicial para afrontar casos de violencia sexual y de género.
Críticas a la formación de jueces
Las palabras de Montero han encendido el debate sobre la imparcialidad de los jueces en casos de violencia sexual. Según fuentes del PSOE, «hay una carencia en la preparación de los magistrados para abordar estas situaciones con una visión de género adecuada». Este planteamiento ha sido reiterado en diferentes ocasiones por sectores del feminismo y ha encontrado eco en el Ejecutivo, que insiste en la necesidad de reformar la formación judicial en este ámbito.
La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, interviene en el congreso del PSOE de Málaga, este domingo
Mientras tanto, el malestar en la carrera judicial es evidente. Asociaciones de jueces y fiscales han reprochado a la vicepresidenta sus afirmaciones, defendiendo la independencia del Poder Judicial y la necesidad de respetar las resoluciones judiciales. No obstante, el Gobierno mantiene su posición y recalca que la «crueldad» del fallo contra Alves refleja la necesidad de una revisión profunda del sistema.
Este martes, Pedro Sánchez presidirá el Consejo de Ministros, un encuentro marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial tras las declaraciones de Montero. Aunque el Gobierno ha optado por rebajar el tono y evitar un enfrentamiento directo, el respaldo a la vicepresidenta se mantiene firme. Para los socialistas, su reacción fue «inevitable» en un contexto de lucha por los derechos de las mujeres y de una sociedad cada vez más sensibilizada con la violencia de género.
