Tiene nombre, Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, pero no contenido; nació como medida urgente tras la alarma por la oleada de 15.000 marroquís sobre Ceuta en mayo de 2021, pero las enseñanzas obtenidas entonces no se han aplicado ahora; la orden para su elaboración lleva casi cinco años publicada en el Boletín Oficial del Estado… el mismo plazo que lleva congelada, al tiempo que el Gobierno fue girando, con cartas, cumbres y reuniones de alto nivel, la relación con Marruecos.
El jueves 27 de mayo de 2021, Iván Redondo, entonces director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, compareció ante la Comisión Mixta de Seguridad de las Cortes para anunciar, entre otras medidas, la elaboración de un “plan global de seguridad para Ceuta y Melilla” en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) que debía aprobarse ese año.
El proyecto había nacido en la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, que entonces mandaba el general Miguel Ángel Ballesteros. Diez días antes del anuncio de Redondo, el lunes 17 de mayo, Ceuta había sufrido la primera entrada masiva de migrantes a través de la playa y el viejo espigón del Tarajal.
El 13 de julio de 2021, cesa Redondo y le sucede el hoy ministro Óscar López. La iniciativa se queda entonces sin valedor político, pero aún obtiene el consenso del PP y de Ciudadanos a una ESN que incluiría entre sus Líneas de Acción, la número 12, la elaboración del plan. La ESN se aprobó el 28 de diciembre y se publicó en el BOE el último día de 2021. Hoy sigue vigente. Su Línea de Acción 12 es parte de la “actuación frente a situaciones de crisis”, y la prologa la consideración de que Ceuta y Melilla “requieren especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”.
Enfriamiento
El 30 de junio de 2022 se reunió en la Moncloa el Comité de Situación de Seguridad Nacional bajo presidencia del ministro Félix Bolaños. Ese día se aprobó crear un “grupo de trabajo para el Plan Integral de Seguridad”… seis meses después de anunciarse.
La reunión resultaba inaplazable, como ineludible fue hablar del plan de seguridad: solo hacía seis días que, en la mañana del 24 de junio, un trágico intento de asalto a la valla de Melilla se saldó con la muerte de entre 23 y un centenar de migrantes subsaharianos. No hay cifra oficial compartida.
Un momento de la reunión del Comité de Situación de la Seguridad Nacional, en el búnker de Moncloa, el 30 de junio de 2022. / Pool Moncloa
El grupo de trabajo nacía tocado, si no hundido, a la vista de la cadencia de hechos que le sucedió. El plan de seguridad para Ceuta y Melilla fue perdiendo temperatura en meandros administrativos hasta alcanzar el punto de congelación.
Hubo algunas reuniones de una comisión interministerial, con presencia de Interior, Defensa, Exteriores, el CNI, Sanidad, Transportes y otros ministerios… En esas primeras citas, la Moncloa decidió no llamar a los gobiernos de Ceuta y Melilla, y que fuera la secretaría de Estado de Política Territorial la que coordinara, para evitar los recelos que se intercambiaban Defensa e Interior.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el rey marroquí, Mohamed VI, en Rabat en febrero de 2024. / Pool EFE
Entre medias de esos seis meses hay en el calendario dos fechas clave: el 17 de marzo de 2022, cuando Marruecos hizo pública una carta de Pedro Sánchez reconociendo como “base más seria, creíble y realista” la propuesta marroquí de una autonomía del Sáhara Occidental (antes español) como parte de su territorio. Y el 7 de abril, cuando Sánchez viajó a Rabat para la ratificación de una declaración conjunta con Mohamed VI, una hoja de ruta en la relación tras un volantazo con el Sáhara cuya negociación diplomática previa se desconoce y que no fue llevado al Congreso ni, al parecer, tampoco al Consejo de Ministros.
Bajo mínimos
Prácticamente al tiempo que el Comité de Situación anunciaba desde Moncloa la creación de un grupo de trabajo para el Plan Integral de Seguridad de Ceuta y Melilla, en otros pasillos del Gobierno comenzaba a prepararse la Reunión de Alto Nivel de febrero de 2023: Pedro Sánchez y once ministros españoles fueron a Rabat para la firma de 20 acuerdos con Marruecos… y con ausencia del monarca alauita.
El 22 de marzo de 2024, dos años y tres meses después de nacer la iniciativa del Plan Integral de Seguridad, el Gobierno respondió a una pregunta del PP en el Senado sobre el avance de ese plan: “Está previsto comenzar a trabajar sobre objetivos estratégicos”, decía la respuesta. Cuando hubiera un borrador, se elevaría al Comité de Situación. Ese envío no se ha producido aún ni tiene fecha.
El 29 de abril de 2025, el Gobierno, preguntado en el Congreso, respondió que el plan continúa aún “en proceso de elaboración”.
Un diplomático con experiencia en relaciones exteriores de la defensa comparte con fuentes de la Seguridad del Estado una explicación: “De una prioridad para blindarse contra las ‘estrategias híbridas’ (término que en la Estrategia de Seguridad Nacional se menciona 14 veces) se pasa a otra prioridad: retomar la relación con Marruecos”. La seguridad pasó a segundo plano.
Doblar la vigilancia
En reuniones en torno al embrión del plan se consideraron algunas medidas, según las mencionadas fuentes, que hoy se siguen considerando necesarias para blindar Ceuta y Melilla como espacios de plenos orden y soberanía.
Entre ellas, controlar las mezquitas y los imanes que en ambas ciudades sufraga Marruecos, y que periódicamente viajan a ese país, para prevenir arengas que inciten a desórdenes.
Al Gobierno le constatan las encuestas que la población ceutí y melillense de origen o antecedentes marroquís y con DNI español es proespañola y europeísta, y que rechaza convertirse en marroquí por más que Rabat le conserve la nacionalidad. La cuestión que se suscitó, como ahora, es contar con fotos demográficas fiables, información actualizada de cuánta población, especialmente en barriadas como la ceutí de El Príncipe, está bien censada y cuánta fluctúa en la frontera sin residencia real.
Cerca de 1.700 migrantes dejan la playa ceutí del Trampolín escoltados por la Policía. / Reduan Dris EFE
Otra clave que debía llevar el plan era asegurar el suministro de bienes esenciales. Uno de los principales, el agua: las ciudades dependen de desalinizadoras que pararían en caso de fallo eléctrico o temporal marítimo. Para aportaciones adicionales -si bien cada vez menores- las ciudades dependen de reservas estratégicas en pequeños embalses… y de manantiales en territorio marroquí, los de Beliones en el caso de Ceuta; y Trara y Yasinen, para Melilla.
Además, en caso de crisis como la vivida por Ceuta desde finales de julio, las ciudades deben tener asegurados suministros alimentarios y sanitarios para sus comercios y farmacias. Y ello implica mantener expedito el acceso en cualquier situación.
No es asunto menor, por ejemplo, en Melilla. La ciudad tiene aeropuerto pero los aviones, en su aproximación a la pista, deben pasar por espacio aéreo marroquí. En Ceuta, la principal vía española de acceso, su puerto, presentaba a ojos de los impulsores del plan vulnerabilidades que, clasificadas como secretas, no han trascendido.
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