La invasión de Ceuta no fue un accidente. Fue el resultado de una imprevisión flagrante del Gobierno de Pedro Sánchez y de una vulnerabilidad legal que Marruecos conoce y que ha explotado a la perfección.
Mientras decenas de miles de adultos volvieron a Marruecos durante las 48 horas siguientes a la invasión, un contingente muy elevado de más de 2.000 menores extranjeros no acompañados se ha quedado en Ceuta, atrapado en un laberinto burocrático que, en la práctica, convierte su permanencia en España en algo casi inevitable.
Es legítimo sospechar ahora, a la vista de los hechos, que ese fue siempre el objetivo de Rabat.
Y esa es la verdadera herencia de la invasión del 30 y el 31 de julio: una bomba de relojería instalada en el corazón de la ciudad de Ceuta.
La Delegación del Gobierno reconoce ahora unos 2.500 menores controlados. La Policía había cifrado en torno a 2.100 los identificados hasta mediados de agosto. Las estimaciones de organizaciones sobre el terreno elevan la cifra real a entre 3.000 y 4.000 si se incluyen quienes aún deambulan sin registrar.
Sobre un total de inmigrantes que permanecen en la ciudad (oficialmente unos 5.000, según Interior, y entre 8.000 y 11.000 según las autoridades locales), la proporción de menores es alarmante. Pero es evidente que no entraron decenas de miles de menores en Ceuta el 30 y 31 de julio.
Sin embargo, un porcentaje desproporcionado de quienes se presentaron como menores ha conseguido quedarse.
Y eso no es casualidad.
La explicación es sencilla y conocida en ambos lados de la frontera. Entre quienes organizan estos cruces circula la información precisa: si eres adulto, te devuelven; si eres menor (o dices serlo), entras en un procedimiento individualizado que exige informes de las autoridades del país de origen, audiencia del interesado, intervención de la Fiscalía y resolución motivada de la Delegación del Gobierno.
Un marco pensado para casos aislados se convierte en un muro infranqueable cuando llegan miles de invasores de golpe. El resultado es previsible: saturación absoluta de un sistema que sólo dispone de veintinueve plazas ordinarias y un colapso que amenaza la convivencia en una ciudad de poco más de ochenta mil habitantes.
El ministro Óscar Puente ha llegado a afirmar que pedir la devolución de todos los que entraron irregularmente constituye un delito, recordando las condenas por prevaricación de 2021. Tiene razón en un punto: la ley vigente no permite devoluciones colectivas ni exprés.
Pero precisamente por eso esa ley resulta insostenible y debe ser reformulada de inmediato.
Una norma que funciona en el caso de una docena de menores pierde toda su racionalidad cuando se enfrenta a una avalancha deliberada. Si el ordenamiento europeo y español no contempla respuestas excepcionales para crisis masivas, entonces hay que modificarlo.
Mantener el mismo protocolo para situaciones radicalmente distintas no es defensa del Estado de derecho; es renuncia a la soberanía nacional.
Añadir al problema el anuncio de trasladar quinientas niñas a la península sólo agrava la situación. Varias ONG, incluidas algunas de origen marroquí, ya han advertido del evidente efecto llamada. Cada menor que se reubica en el resto de España envía un mensaje inequívoco: entrar como menor abre una vía que, en la práctica, conduce a quedarse. Ese mensaje no se queda en Ceuta. Viaja de regreso a los barrios de origen y alimenta la siguiente oleada de invasores.
La responsabilidad recae de forma inequívoca en el Gobierno. Fue su falta de anticipación la que permitió que la frontera se desbordara. Fue la inexistencia de un plan de contingencia realista lo que ha dejado a Ceuta sin capacidad de respuesta.
Y es su actual vacilación la que impide desplegar los medios extraordinarios que la situación exige: refuerzos masivos de personal, traductores, equipos de identificación y una tramitación exprés de cada expediente dentro de los cauces legales.
Un problema de esta magnitud no se gestiona con un presidente de vacaciones ni con comunicados ambiguos. La invasión fue responsabilidad de Marruecos, pero la situación actual de Ceuta es culpa del Gobierno, y es el Gobierno por tanto quien debe encontrar la fórmula para resolverla.
Los menores no acompañados se han convertido en el instrumento perfecto para erosionar la viabilidad de Ceuta. Quienes diseñaron la operación sabían que una democracia se ata a sus propias normas y que esas normas, aplicadas a escala masiva, generan un problema estructural de difícil solución.
Ceuta no puede convertirse en el peaje permanente de una política exterior y migratoria fallida. La alternativa es asumir, con todas sus consecuencias, que la bomba ya está armada y que el tiempo para desactivarla se agota.
