El Gobierno aprobará un decreto para reforzar la resistencia de la red móvil ante posibles apagones. La nueva normativa obligará a los operadores a mantener una media de cuatro horas de cobertura para, al menos, el 75% de la población.
El porcentaje supone un ajuste respecto al 85% que se planteó inicialmente, después de que las compañías advirtieran del elevado coste que implicaba alcanzar ese objetivo, una cifra que estimaban en cientos de millones de euros, frente a los 73 millones calculados por el Ejecutivo.
La nueva medida del gobierno en caso de otro apagón
Los operadores defendían que el requisito se fijara en un 70% de cobertura, aunque finalmente han valorado de forma positiva la decisión del Gobierno de establecer el umbral en el 75%.
«Apoyamos las iniciativas destinadas a reforzar la resiliencia de nuestras redes. Hemos trabajado en un diálogo constante para encontrar una solución que sea útil, pragmática y viable desde el punto de vista económico», afirmó el CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, durante el DigitalEs Summit, el encuentro organizado por la patronal de las telecomunicaciones.
La implantación de esta medida será progresiva para facilitar su desarrollo y reducir el impacto de la inversión. El objetivo es alcanzar una cobertura del 50% de la población durante el primer año, elevarla al 65% en el segundo y llegar al 75% en el tercero.
Imagen del día del apagón. / SPORT
La previsión del Ejecutivo es que el decreto quede aprobado antes de que termine el año. La segunda jornada del evento ha estado marcada por nuevos anuncios del sector tecnológico, entre ellos el despliegue completo de la red de mini centros de datos de Telefónica y el futuro servicio de satélite directo al móvil que Vodafone España prevé lanzar en 2027 junto a Ast SpaceMobile.
En paralelo, las principales empresas han aprovechado la cita para reclamar una regulación digital más sencilla, una petición compartida por el consejero delegado de Telefónica, Marc Murtra (o Emilio Gayo si te refieres a otro portavoz, según el contexto), y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha asegurado que se trata de «la principal preocupación que tenemos los empresarios europeos».
