El juez Juan Carlos Peinado envió este sábado a juicio, ante un jurado popular, a Begoña Gómez. De esta forma, su decisión convierte a Pedro Sánchez en el primer presidente del Gobierno cuya mujer —salvo que la Audiencia de Madrid lo evite— se sentará en un banquillo de los acusados.
En un detallado auto de 84 folios, el magistrado atribuye cuatro supuestos delitos a Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Peinado subraya, sobre el primero de ellos, que habría sido cometido gracias a que la investigada pudo «prevalerse de su relación personal con el presidente del Gobierno y de éste con el resto de la Administración».
De esta forma, dice el juez, Gómez tuvo fácil «el acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a los que la sola condición de ‘esposa de’ sirviera para influir».
«Gracias a esa posición», concluye el magistrado, la investigada pudo cometer, supuestamente, el delito de tráfico de influencias y, tras él, el resto.
Asimismo, como ya hiciera en anteriores resoluciones, Peinado acusa a la esposa de Sánchez de haber utilizado el Palacio de la Moncloa, donde ambos residen, como centro de negocios.
Allí se celebró, por ejemplo, la reunión de Begoña Gómez con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Al poco, fue creada en la UCM una cátedra que la esposa de Sánchez pasó a dirigir.
Se trata de la misma cátedra para la que, después, varias empresas desarrollarían, de forma altruista, un software del que, según el juez Peinado, Gómez se apropió. Y al que planeaba dar un uso comercial. De ahí, el supuesto delito de apropiación indebida.
Además, Gómez también se reunió en Moncloa con otro de los investigados en esta causa judicial, el empresario Juan Carlos Barrabés, quien fue profesor en el máster asociado a la citada cátedra.
Paralelamente al desarrollo de ésta, Barrabés presentó a dos procesos de licitación sendas manifestaciones de interés —una suerte de cartas de recomendación que avalan un proyecto— firmadas por Gómez.
El Grupo Barrabés resultó adjudicatario en ambos casos. Sólo por estos dos contratos, recibió más de 10 millones de euros, concedidos por la entidad pública Red.es.
Así las cosas, a ojos de Peinado, «los hechos indiciariamente atribuidos a la investigada Begoña Gómez» se habría cometido gracias a que, «desde la llegada de su esposo a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra, (…) que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».
¿Habrá juicio?
Ahora mismo, que Begoña Gómez vaya o no a juicio depende de la Audiencia Provincial de Madrid. Este tribunal, jerárquicamente superior a Peinado, tiene pendiente aún resolver varios recursos al respecto.
Podrá, por tanto, confirmar la decisión del juez y hacer que la esposa de Sánchez sea juzgada o, por contra, revocarla.
En su auto de este sábado, a lo largo de sus 84 folios, el juez menciona varias veces resoluciones de la Audiencia madrileña que, durante la instrucción del caso Begoña, han avalado decisiones anteriores.
De hecho, insiste en que fue dicho tribunal —»y no este instructor», precisa Peinado, hablando de sí mismo— quien ya apuntó a la influencia de Sánchez en favor de Begoña Gómez.
«La Sección 23 [de la Audiencia Provincial señaló] que la implicación de Begoña Gómez podía deducirse del aprovechamiento de su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional», subraya Peinado.
En otra ocasión, vuelve a reiterar que la Audiencia madrileña ya consideró a las empresas del Grupo Barrabés «una pieza clave en el desarrollo e implementación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva».
En concreto, el tribunal ya indicó que, desde este proyecto académico, «se habrían urdido el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva, consistente en una clara desviación de poder».
Sucede con el ejemplo, antes mencionado, de la supuesta apropiación del software desarrollado para la UCM.
Peinado también se apoya en otra resolución de la Audiencia Provincial, que ya aludía al «rápido desarrollo de la citada cátedra», que comienza a idearse tras la reunión entre Goyache y Gómez en Moncloa.
De hecho, el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, declaró como testigo en el caso Begoña. Y relató que el rector, tras aquella cita en el palacio presidencial, le llamó para decirle que «TENÍA QUE CREAR una cátedra PARA la MUJER DEL PRESIDENTE» [las mayúsculas son de Peinado].
«Apropiación» del ‘software’
En total, Peinado atribuye a Gómez cuatro supuestos delitos de corrupción.
El de apropiación indebida se deriva de una querella presentada, en junio de 2024, por Hazte Oír, asociación que lidera las acusaciones populares en esta causa.
Se debe a que la esposa de Sánchez ofreció, de forma gratuita y a través de la web adscrita a una empresa de su propiedad, una herramienta digital muy similar a la desarrollada para la UCM.
Al aludir a este asunto, Peinado recuerda en su auto que Gómez «registró como propias la marca [el término Transforma TSC] y la web [transformatsc.org]».
«Y constituyó una mercantil [Transforma TSC SL], en la que figuraba como socia única y administradora. Y una mercantil tiene, por definición, ánimo de lucro, lo que no es compatible con la supuesta labor social o altruista que supuestamente, según la investigada, inspiró la configuración del proyecto», concluye el juez.
Malversación
En el caso Begoña también se ha investigado un supuesto delito de malversación, derivado de la contratación de Cristina Álvarez. Se trata de la asistente de Gómez en el Palacio de la Moncloa.
Ahora bien, esta mujer, a pesar de cobrar un sueldo público, hizo gestiones en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez.
Por ejemplo, intervino en la gestión de las finanzas de la cátedra. O tuvo contacto directo, vía e-mail, con Doadrio.
Además, como desveló EL ESPAÑOL, Álvarez envió un e-mail a Reale Seguros, una de las empresas mecenas de la cátedra, para instar a esta empresa a seguir financiando el proyecto.
Peinado concluye que todo ello supuso la «utilización de fuerza de trabajo y cobertura institucional sufragadas por el Estado para finalidades privadas y profesional y mercantilmente propias de la investigada [Begoña Gómez]».
Reale aportó 60.000 euros en diferentes tramos para financiar la cátedra.
Tráfico de influencias
Como uno de los indicios del supuesto tráfico de influencias que atribuye a Gómez, Peinado cita la reunión con Goyache en la Moncloa.
El juez señala que, como él mismo admitió, el rector acudió a Palacio sin conocerla. Tan sólo sabía que era «la mujer del señor presidente del Gobierno».
El instructor también subraya que Goyache habría ocultado «deliberadamente» a Doadrio este encuentro en la Moncloa. Y ello, a ojos del juez, «evidencia una presión, de naturaleza jerárquica».
Asimismo, Peinado sostiene que la cátedra se puso en marcha con una «celeridad inusitada».
Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sí admitía que el proyecto académico se creó conforme a la normativa.
No obstante, Doadrio sí que testificó que percibió «que el convenio fue muy rápido; era como si ya estuviera preparado».
Y la UCO, en su informe, sí confirmó que el software que Begoña Gómez ofreció en su web tenía visos de explotación comercial.
Por otro lado, el juez señaló en su auto que Barrabés se reunió, como él mismo admitió, «cuatro o cinco» veces con Begoña Gómez en Moncloa tras la pandemia de la Covid-19.
El juez destacó este sábado el contexto temporal: esos encuentros, en torno a la creación de la cátedra, son paralelos al apoyo de la esposa de Sánchez a los proyectos de Barrabés.
«[Hay una] coincidencia temporal de esa relación con la emisión de cartas de apoyo [por parte de Gómez; las mismas que el empresario presenta en dos procesos de licitación]», señaló Peinado.
«Las cartas de apoyo, de mediados de julio de 2020, tienen lugar en paralelo a la etapa de creación de la Cátedra, que tiene inicio en junio-julio de 2020», reiteró.
«Por ello, indiciariamente, existe un intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada Begoña Gómez y el apoyo institucional-académico a intereses empresariales del Grupo Barrabés», concluyó.
Medidas cautelares
Además de enviarla a juicio ante jurado, Peinado también impuso este sábado medidas cautelares a Begoña Gómez.
En concreto, le retiró todos los pasaportes que tenga —algunas personalidades gozan de uno diplomático—, «de todas las nacionalidades que posea», y le impide obtener uno nuevo.
También, le prohíbe salir de España sin autorización y le obliga a acudir a firmar a un Juzgado dos días al mes.
El juez adoptó las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares del caso Begoña, lideradas por Hazte Oír
El magistrado, en contra del letrado de Gómez, sí percibe riesgo de que se fugue de España, algo que justificó de forma más sucinta que el relato, de folios y folios, que recoge los indicios contra la esposa de Sánchez.
El letrado Antonio Camacho alegó que la condición de personaje público de su clienta le dificulta huir de España. Está, además, permanentemente escoltada.
Pero Peinado considera que «no cabe duda» de que los agentes que la protegen, «en un momento determinado, pueden ser, precisamente, quienes colaboren para facilitar esa fuga». «Bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», precisó el juez.
Además, señaló en su auto de este sábado, como un detalle «especialmente trascendente», que la «condición de actual presidente del Gobierno» de Pedro Sánchez «es algo efímero y, por tanto, transitorio».
«Y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería [si Sánchez deja de liderar el Ejecutivo], lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga», concluyó el instructor.
Peinado ha adoptado las mismas decisiones —enviarla a juicio y acordar medidas cautelares— respecto de Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en la Moncloa.
No ha impuesto ninguna a Barrabés. Tampoco podría hacerlo: ninguna acusación lo solicitó para él.
