Los debates sobre el estado de la nacionalidad canaria son, junto a los que definen los presupuestos, los más importantes que se celebran en el Parlamento regional. El que comienza el 10 de marzo en la Cámara autonómica supone el inicio del último año de la presente legislatura y servirá al presidente Fernando Clavijo no solo para explicar las políticas puestas en marcha desde 2023 sino, sobre todo, las que tiene previsto culminar en los próximos 365 días.
Pese al camino andado, el propio presidente reconoce que los problemas que afronta el Archipiélago no se solucionan en cuatro años y trascienden una legislatura, pero no dejará pasar la oportunidad de recordar que durante estos casi tres años «Canarias ha tenido que hacer el trabajo del Estado para avanzar en los temas que son vitales», tales como la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, la restricción de la venta de casas a extranjeros, la modificación del sistema de financiación para que no se computen los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) e, incluso, que el status de región ultraperiférica (RUP) de las Islas no desaparezca en el nuevo esquema financiero y político que afronta la Unión Europea (UE).
Vivienda
La emergencia habitacional derivada de una acuciante falta de viviendas y del encarecimiento del mercado es la que más preocupa a la ciudadanía. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo, no se ha resuelto dada su complejidad. No en vano es necesario empezar a construir entre 9.000 y 10.000 viviendas al año para paliar la carestía, lo que supone duplicar los más de 5.000 nuevos inmuebles públicos construidos y rehabilitados, según los datos enunciados por el propio Ejecutivo y que la oposición cuestiona.
Dos mujeres consultan los precios de una inmobiliaria / E.D./ L.P.
Fruto de esta necesidad fue el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que se convalidó por el Parlamento hace dos años, además de la ley que regula la vivienda vacacional o el proyecto legislativo para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción, que desde el PSOE y NC lo consideran una «privatización encubierta del urbanismo» que «favorece la especulación».
En los presupuestos autonómicos de 2026 se incluyeron unas medidas de «alivio fiscal» para facilitar el acceso a una vivienda digna a los residentes: rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas y el importe de adquisición de los inmuebles.
Lograr la restricción de la venta de casas a no residentes continúa como una de las medidas pendientes
Además, desde la Consejería que pilota Pablo Rodríguez se explora la modificación en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) que permita a los ayuntamientos fijar una fiscalidad coercitiva que obligue a los propietarios de viviendas vacías y de alquiler vacacional a poner los inmuebles en el mercado residencial.
En este escenario, el presidente puede apuntarse el tanto de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares elaboró un documento sobre las consideraciones de España a la nueva estrategia para las RUP que impulsa la Comisión Europea en el que considera que Bruselas debería incorporar «soluciones jurídicas específicas singulares para las RUP en materia de limitación de acceso a la vivienda dada la sensibilidad de estos territorios al crecimiento excesivo de su población». Una reivindicación histórica blandida por Clavijo, ya que los extranjeros no solo ganan peso en la compra de inmuebles, sino en la demanda de alquileres.
Una trabajadora de Cruz Roja atiende a dos menores que llegaron en cayuco a El Hierro. / Efe
Inmigración
El gran éxito político del gabinete de Clavijo en 2025 tiene que ver con el drama humanitario de los flujos migratorios irregulares procedentes de África: la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para forzar a las comunidades autónomas a asumir una redistribución de los niños y niñas inmigrantes que están solos en las Islas y la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga al Estado a hacerse cargo de los niños y niñas sin progenitor y que han pedido asilo.
No obstante, los impedimentos puestos por varias autonomías para aceptar a estos menores, presentando recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), más los retrasos producidos por los ministerios implicados han dificultado el proceso. El plazo legal fijado para completar las reubicaciones de los chicos y chicas del llamado ‘sistema ordinario’ –con el objetivo de reducir hasta 2.211 el número de alojados en los centros canarios– vence en tan solo diez días, el próximo 19 de marzo, y aún quedan traslados pendientes.
A pesar de la reforma de la ley y las sentencias del Supremo, el drama de los menores migrantes no acompañados sigue atascado
Lo mismo sucede con los menores solicitantes de asilo, a lo que se une que España continúa sin solicitar recursos adicionales para gestionar la situación migratoria a pesar de que Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) los ha ofrecido.
Sueldos
El Instituto Canario de Estadística (Istac) certifica que un 1% de las familias –8.551 hogares–acapara el 27% de los 223.525 millones de euros de todo el patrimonio que existe en el Archipiélago mientras que el 99% restante debe repartirse los 161.174 millones de euros restantes, el 73%. Estos datos convierten a las Islas en la región con mayor desigualdad de España y es motivo de que el presidente.
Manifestación por el Primero de Mayo. / E.D./ L.P.
Clavijo insista desde enero 2024 a los empresarios para que suban los salarios, repartir mejor la riqueza, sobre todo la generada por el sector turístico, y elevar el poder adquisitivo del Archipiélago. La firma de los convenios colectivos turísticos en ambas provincias –en el de la tinerfeña se implicó de forma directa el propio presidente– contribuyó en parte a este deseo presidencial, pero no es suficiente.
El 1% de las familias acapara el 27% de la riqueza de las Islas, que son la autonomía con mayor desigualdad
Poco margen de maniobra tiene el Ejecutivo, ya que las nóminas son un asunto a dilucidar entre trabajadores y empresarios. Hace justo un año, Clavijo lanzó un aviso: o las empresas suben los sueldos a los trabajadores o habrá alzas de impuestos para tratar de redistribuir la riqueza. Desde la oposición se acusa al presidente de hacer lo contrario, haber bajado los impuestos solo a los más ricos.
El último anuncio que tiene que ver con los bolsillos de la ciudadanía, que aún no se ha concretado, fue el del vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, al prometer que los productos básicos de la cesta de la compra tendrán en breve el ‘IGIC 0’.
Matilde Asian (i) saluda a la ministra María Jesús Montero al inicio de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid. / E.D. / L.P.
Financiación autonómica
El nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) diseñado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es el asunto que más enfrenta al Gobierno con el PSOE, principal partido de la oposición pese a que la inestabilidad del Ejecutivo central en las Cortes y el rechazo de todas las autonomías al mismo –salvo Cataluña– impedirán que sea aprobado en la legislatura que acaba en 2027.
No obstante, es un debate vital para diseñar la estrategia de futuro de Canarias en su encaje con el Estado, ya que el nuevo sistema incluye la posible pérdida de 2.550 millones anuales para financiar en Canarias los servicios públicos esenciales e incluye el riesgo de que el REF se compute dentro del régimen común o que el diferencial fiscal favorable al IGIC sea penalizado frente al IVA por políticas que priorizan la homogeneidad sobre la excepción insular.
Tractorada de protesta de los agricultores canarios. / E.D. / L.P.
Sector primario
No todo es enfrentamiento entre Canarias y el Estado. El presidente podrá hacer gala de lograr que su homólogo en Moncloa, Pedro Sánchez, avale ante las autoridades de la UE que exista un régimen diferenciado en el programa de ayudas agrícolas de las RUP –el Posei– para blindar las ayudas al campo canario.
Aunque el apoyo del Estado es extensivo a negarse a la totalidad del nuevo marco financiero diseñado, es especialmente importante en lo relativo al sector primario, ya que producir en el campo isleño cuesta un 43% más que en el territorio continental, sin olvidar que la ficha financiera del Posei lleva 15 años congelada mientras los costes no han parado de crecer.
Las listas de espera en sanidad y dependencia se mantienen como el ‘talón de Aquiles’ del Ejecutivo regional
Sanidad y dependencia
Las listas de espera sanitarias y de atención a la dependencia son un ‘talón de Aquiles’ para el Gobierno de Clavijo. Al cierre de 2025, las esperas quirúrgicas estaban en 106 días y el número total de pacientes en espera quirúrgica ascendió a 32.131 El Hospital Universitario de Canarias (HUC) continúa con las demoras más altas, con una media de 150 días.
Pacientes en un pasillo en el servicio de Urgencias de un hospital de Canarias. / E.D. / L.P.
Además, las Urgencias continúan saturadas debido, en gran medida, a que unos 600 pacientes con alta médica ocupan camas por falta de plazas en centros de mayores o de larga estancia. Y en atención a la dependencia sucede algo parecido. Cerca de 26.000 personas permanecen en el limbo y aguardan por la resolución de su grado o por la ejecución de su prestación y la demora media para resolver un expediente se sitúa en 403 días y duplica el límite legal de 180 días.
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