El auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civial a realizar requerimientos de información (o un registro en el caso de que no se colaborara) en la sede nacional del PSOE en Madrid incluye el volcado de correos electrónicos de la actual gerente del partido, Ana María Fuentes y del que fuera secretario general Santos Cerdán. También información sobre el registro de entradas dirigido a conocer el trasiego por estas dependencias de las personas que considera sospechosas de integrar una trama que estaría dirigida a malograr las causas judiciales abiertas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno.
Las peticiones, que son un total de 19, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, afectan también a actividades electorales, como es la documentación relativa a la publicidad contratada sobre la campaña de Salvador Illa de las elecciones catalanas de 2024, e igualmente se refieren al sistema de pagos utilizado por la formación política y a los viajes realizados por los investigados que pudiera haber pagado el partido.
Entre los archivos solicitados, el volcado de los correos corporativos, tanto leídos como no leídos, que fueron gestionados de forma personal — y también los que llevaran terceros en atención al cargo– tanto de Santos Cerdán como de Fuentes, además del que usaba el exresponsable de comunicación Ion Antolín y las trabajadoras de la gerencia Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro–. El volcado incluye cuentas inactivas o copias de seguridad, detalla la resolución, que añade el periodo temporal: desde el 2024 hasta la actualidad menos en el caso de Cerdán, que se piden desde el 2021.
También se requiere «información» detallada de la «infraestructura de almacenamiento en red asociada al partido y accesible a los trabajadores a través de la red informática interna, así como el «volcado íntegro del contenido de las carpetas digitales que formen parte de esa red informática» asociadas a etas mismas cinco personas.
El caso Leire: de mordidas a una presunta trama contra las causas que afectan al PSOE / EP
Registro de entradas
Por otro lado, el juez quiere conocer la presencia en Ferraz de los investigados en relación con estos amaños, y por ello pide el registro de entrada correspondiente al periodo comprendido entre los años 2024 y 2025, «en el que conste el día y la hora (tanto de entrada como de salida)» de diferentes personas, entre las que se encontraría la propia Leire y varios abogados vinculados a gestiones para tratar de afectar a las causas judiciales, además de los referidos a una empresaria Carmen Pano, que viene reconociendo en varias instancias judiciales que acudió en dos ocasiones a Ferraz para entregar un total de 90.000 euros en efectivo por encargo del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.
El juez quiere que se le informe del motivo de todas estas visitas y de otros datos como la identidad del encargado en el partido político de la recepción. Este requerimiento debe incluir «en todo caso» unas fechas determinadas, que son las que según la investigación coinciden con reuniones de Leire y otros implicados con Cerdán u otros responsables del partido.
La lista de afectados por esta petición es larga y contiene nombres relevantes y variopintos. Va desde Cerdán y su socio Antxon Alonso hasta la propia Leire Díez y el empresario que colaboraba con ésta, Javier Pérez Dolset. También se piden las entradas de la periodista ya fallecida Patricia López, del exresponsable de prensa Antolín, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero — investigado en otra parte esta causa por supuestas adjudicaciones irregulares– y de Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luego presidente de Correos y el del exdiputado Antonio Hernando Vera.
Igualmente, se incluye al histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías – que presuntamente habría pagado a Leire Diez a través de su empresa de consultoría–, a los abogados Jacobo Teijelo, Ismael Oliver y Aníbal Álvarez (estos dos últimos representaron a Koldo y a Ábalos), del excomisario José Manuel Villarejo y su abogado José García Cabrera, del ex juez Luis José Saénz de Tejada, y del ex director general de Seguridad con el PP Francisco Martínez o de Nervis Villalobos, quien fuera viceministro de Energía de Hugo Chávez. Completan la lista la propia Pano y Javier Gallego (un empresario que le habría servido de chófer) y los guardias civiles Juan Sánchez Yepes y Rubén Villalba, implicados en causas que se están instruyendo.
El Tesla de Leire
Por otro lado, Pedraz reclama el «registro completo de entrada de los vehículos» en la sede entre 2024 y 2025, con datos sobre día y la horas identidad de los ocupantes en relación con un Skoda y un Tesla propiedad de Leire Díez desde 2021, y de otros dos Teslas vinculados al expresidente de la Sepi Vicente Fernández desde 2018. También pide información detallada sobre la relación laboral con el Partido Socialista de Santos, las secretarias de gerencia antes mencionadas, Antolín, la actual gerente, Zarrías, Leire y el empresario Pérez Dolset.
También quiere entrar el juez de la Audiencia Nacional a conocer todos los «viajes, hospedajes, alquileres de vehículo» que por parte del PSOE hayan podido disfrutar Leire Díez y los integrantes de su trama, concretándose si fueron en avión o en tren, los destinos, fechas de estancia, así como el modo en el que se abonaron y qué cargo del PSOE los autorizó. En este capítulo incluye los viajes a favor de Miriam Serrano Ruiz, que estarían vinculada societariamente a los investigados, y específicamente sobre una estancia determinada de esta persona en el hotel Radisson Red de la capital.
Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar / Matias Chiofalo – Europa Press
Posteriormente, el encargo a la UCO pasa por requerir una «relación pormenorizada de las campañas publicitarias encargadas y de las contrataciones» realizadas a Patricia López o a su empresa Grupo Crónica Libre, y se cita una campaña concreta, la celebrada para las elecciones al Parlamento de Cataluña en 2024.
Autorización de gastos
Por último, Pedraz pretende ahondar en el «procedimiento interno establecido en el partido político que resultaba de aplicación durante los ejercicios 2024 y 2025 para la autorización de gastos y la realización de pagos», en relación con facturas presentadas para su abono, incluyendo la identificación de todas las personas que intervienen en el proceso, con indicación de su identidad, cargo, funciones y dependencia jerárquica. Así, requiere el Programa de Cumplimiento Normativo -modelo de prevención de delitos- que resultaba de aplicación en esos años, así como la identificación del responsable de cumplimiento normativo.
Con respecto a Gaspar Zarrías, requiere «las relaciones contractuales mantenidas» con él o su empresa Zaño Sociedad Consultora; y lo mismo con respecto a los abogados Teijelo y Olivier, además de «la aportación de todos los asientos contables relacionados» con el exdirigente andaluz «que consten registrados en las cuentas del partido político en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, incluyendo, a tal efecto, los asientos reflejados en el libro diario y en el libro mayor».
Finalmente, el juez Pedraz quiere conocer el procedimiento que el partido tiene establecido para el abono de los gastos de naturaleza institucional como comidas, desplazamientos en taxi u otros similares y cómo se justifican y, específicamente sobre Cerdán «toda la información disponible al respecto de su agenda institucional, incluidos todos aquellos documentos, archivos, agendas que puedan evidenciar elementos en este sentido y que fueran gestionados por terceras personas dentro del partido».
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