La Comisión Europea eleva la presión sobre España en materia fiscal en plena expansión del mercado cripto. El pasado 30 de enero, Bruselas incluyó a nuestro país en su último paquete de decisiones de infracción y ha enviado una carta de emplazamiento formal por no haber completado la transposición de la Directiva (UE) 2023/2226, la norma que refuerza la transparencia tributaria y el intercambio de información entre Estados miembros sobre criptoactivos y determinadas cuentas financieras.
La directiva modifica las reglas de cooperación administrativa en el ámbito tributario y persigue que las administraciones nacionales, incluida Hacienda, puedan compartir de forma más eficaz información fiscal relevante vinculada a operaciones con criptoactivos.
El objetivo declarado por la Comisión es cerrar grietas en la supervisión y combatir la evasión y la elusión fiscal en un entorno donde el dinero se mueve con rapidez y, a menudo, sin fronteras. España aparece en un grupo de doce países señalados por Bruselas por no haber culminado ese ajuste legal.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen / EFE
Si España adapta ya el marco europeo, la Agencia Tributaria podrá disponer de más información procedente del exterior sobre determinadas actividades relacionadas con criptomonedas, especialmente cuando intervengan plataformas o servicios establecidos en otros países de la UE.
La Comisión recuerda que los Estados deben notificar sus medidas nacionales y completar la transposición. España tiene ahora dos meses para responder y corregir las carencias señaladas.
Si la réplica no convence, Bruselas puede activar el siguiente escalón del procedimiento y emitir un dictamen motivado, antesala de un posible salto al Tribunal de Justicia de la UE.
Imagen del Parlamento Europeo / EFE
La UE quiere evitar «agujeros» entre legislaciones nacionales que permitan mover beneficios a golpe de clic sin rastro tributario.
Para quienes operan con criptoactivos, la recomendación de sentido común es clara: ordenar la documentación, revisar obligaciones declarativas y no confiar en que lo digital equivale a invisible.
La carta de emplazamiento no fija sanciones inmediatas, pero marca calendario y exposición pública. En un momento de debate sobre digitalización y recaudación, el expediente añade presión al Gobierno para alinear cuanto antes la normativa nacional con los estándares europeos.
