El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prepara una reforma del Código Penal para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria cuando estas acciones afecten al funcionamiento de la red. La iniciativa llega después de la sucesión de sustracciones registradas en los últimos días en distintas líneas ferroviarias, especialmente en el corredor sur de alta velocidad, donde los incidentes han provocado retrasos, interrupciones del servicio y miles de viajeros afectados.
La propuesta del departamento que dirige Óscar Puente pasa por modificar el artículo 240 del Código Penal con el objetivo de reforzar la protección de una infraestructura considerada crítica y adecuar la respuesta penal a las consecuencias que este tipo de delitos tiene sobre el transporte ferroviario.
Según explican fuentes del Ministerio, el cambio normativo pretende ir más allá del valor económico del material robado. La intención es que la Justicia pueda tener en cuenta el perjuicio que estas acciones generan sobre un servicio público esencial, cuya alteración repercute directamente en la movilidad de miles de personas y en la seguridad de la circulación ferroviaria.
Penas de hasta seis años de prisión
La reforma que plantea Transportes incorpora un subtipo agravado del delito de robo con fuerza para aquellos casos en los que la sustracción de cableado u otros componentes de la infraestructura ferroviaria comprometa la circulación de trenes o la prestación del servicio.
Con esta modificación, los responsables de este tipo de robos podrían enfrentarse a penas de entre dos y seis años de prisión, una horquilla superior a la prevista actualmente para los supuestos ordinarios de robo con fuerza. Desde el Ministerio sostienen que la legislación vigente no refleja adecuadamente el alcance real de estos delitos, ya que el daño ocasionado trasciende con mucho el precio del material sustraído.
En ese sentido, recuerdan que la retirada de unos pocos metros de cable puede provocar la paralización de una línea ferroviaria, afectar a miles de pasajeros y obligar a desplegar complejos dispositivos técnicos para restablecer la circulación con todas las garantías de seguridad.
Una respuesta a la oleada de robos
La iniciativa legislativa se produce tras una semana especialmente complicada para la red ferroviaria española. Solo durante los últimos días se han registrado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad, el más reciente este mismo viernes. Unos incidentes que, según el Ministerio, han vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de determinados puntos de la infraestructura y el enorme impacto que este tipo de acciones tiene sobre el servicio.
Las sustracciones obligaron a alterar la circulación de numerosos trenes y provocaron importantes retrasos, afectando a miles de viajeros que vieron modificados sus desplazamientos. Desde Transportes subrayan que este fenómeno no se limita al corredor sur, sino que episodios similares se vienen reproduciendo en distintos puntos del país, lo que ha llevado al Gobierno a estudiar medidas adicionales para reforzar tanto la vigilancia como la respuesta penal frente a estos delitos.
Proteger una infraestructura crítica
El Ministerio defiende que la red ferroviaria constituye una infraestructura crítica para el funcionamiento del país y considera que su protección debe reforzarse tanto desde el punto de vista operativo como jurídico. Por ello, la reforma pretende dotar a jueces y tribunales de un marco sancionador más severo cuando el robo de elementos ferroviarios tenga consecuencias directas sobre la circulación de trenes o comprometa la prestación del servicio público.
Las fuentes consultadas insisten en que la gravedad de estas conductas no puede medirse únicamente por el valor económico del cable sustraído. A su juicio, el verdadero daño reside en la alteración del funcionamiento de una infraestructura esencial, con consecuencias que afectan a la seguridad, a la movilidad y a la actividad económica. En esa línea, el objetivo de la modificación del Código Penal pasa por adecuar las penas a la dimensión real de estos delitos, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la protección de la red ferroviaria frente a actuaciones que, además del perjuicio patrimonial, generan importantes trastornos para los ciudadanos.
