Toda la presión sobre Junts. El primer decreto de vivienda que aprobó el Gobierno, que incluye medidas para evitar los desahucios, y que debe ser convalidado este viernes en el Congreso, decará si el partido posconvergente no lo vota a favor, después de que Podemos y el PNV hayan anunciado su voto a favor. Con una abstención bastaría para que prosperara. El segundo decreto, el que contempla la renovación automática de los contratos de alquiler, se da por hecho que fracasará porque el PNV ya ha anunciado su voto en contra y el partido liderado por Carles Puigdemont siempre se ha mostrado contrario a ello.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha convocado a la dirección del partido esta noche a las 21.00 horas de forma telemática para decidir el sentido de su voto. Desde la formación aseguran que están «decepcionados y preocupados» por el contenido final de los textos aprobados por el Consejo de Ministros a raíz del caso Maricarmen y de la movilización social que desencadenó, por lo que mantienen el debate interno sobre si los convalidarán o si, por el contrario, los dejarán caer.
El primer decreto incluye medidas defendidas por todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, como la protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la imposición de un 10% de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.
También contempla la bajada del IVA al 4% para la vivienda protegida, préstamos ICO a interés del 0% para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes a la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0% si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2% si no lo supera).
Lo que tiene claro Junts es que votará en contra del segundo decreto, que consta de un único artículo y establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone que los arrendadores deberán acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hacen, indemnizar al arrendatario.
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