Canarias es la comunidad autónoma que más discrepancias con el Gobierno central sobre el alcance de las competencias de cada Administración ha resuelto mediante acuerdo durante esta legislatura, es decir, sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional, con un total de 13. Según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha alcanzado ya 85 acuerdos con comunidades autónomas sobre el reparto competencial, después de haber sellado tres nuevos pactos en septiembre, dos con Andalucía y uno con Cataluña. Tras Canarias, las regiones que más pactos de este tipo han cerrado con el Estado son Baleares (11) y la Comunidad Valenciana (10).
Estos últimos acuerdos con la Junta y la Generalitat catalana dan desarrollo competencial entre el Estado y las comunidades a la ley andaluza de espacios productivos para el fomento de la industria, la ley andaluza de vivienda y la ley catalana de derechos de las personas Lgtbi y erradicación de la LGTBIfobia, respectivamente; las tres aprobadas en diciembre de 2025.
En el caso de Canarias, entre esos 13 pactos bilaterales suscritos a lo largo de la legislatura se encuentran los que dieron carpetazo, por ejemplo, a las discrepancias sobre el Decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda; el Decreto ley 3/2024, de 11 de marzo, de medidas en materia agraria para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja; el Decreto Ley 5/2024, de 24 de junio, por el que se modifica la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias; o la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025.
Política Territorial ha destacado en una nota de prensa que este tipo de acuerdos evitan eventuales recursos de inconstitucionalidad y reducen la conflictividad, son ejemplos de la política de cooperación impulsada por el ministro Ángel Víctor Torres y emplean los mecanismos de las comisiones bilaterales que habilita el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
