La promesa global de alcanzar la igualdad de género para 2030 es inalcanzable. Al ritmo actual de progreso, el mundo tardará 171 años en lograr la igualdad de género, según se desprende del informe The Gender Snapshot 2026 de Naciones Unidas.
Lejos de acelerar, los avances enfrentan hoy un escenario de retroceso marcado por restricciones legales, el recorte drástico de fondos y una violencia persistente.
El dato que ilustra con mayor crudeza esta desigualdad es el marco jurídico: a nivel mundial, las mujeres sólo disfrutan del 64% de los derechos legales que tienen los hombres.
Ese 36% de derechos menos se traduce en falta de protección sobre la propiedad de tierras, desigualdad salarial y desprotección frente a nuevas amenazas como las que se producen en el entorno digital.
Las barreras legales tienen un reflejo inmediato en la economía. En 2024, el 9,9% de las mujeres vivía en la pobreza extrema, frente al 9,5% de los hombres, una brecha que castiga especialmente a las jóvenes de entre 15 y 34 años.
En el ámbito laboral, el techo de cristal se mantiene firme. Aunque se habla constantemente de liderazgo, las mujeres ocupan apenas el 5,8% de los puestos de dirección ejecutiva (CEO) en las empresas que cotizan en bolsa y un 25,1% de los asientos en las juntas directivas.
Todo esto ocurre mientras las mujeres siguen asumiendo una carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que supera en 2,5 veces a la de los hombres.
La paridad en los espacios de poder político también avanza a paso lento. La representación femenina en los parlamentos nacionales llegó a un discreto 27,4% en 2026, mientras que en los gobiernos locales lleva estancada en el 35,6% desde el año 2023. A este ritmo, la paridad parlamentaria no se alcanzará hasta dentro de cuatro décadas.
El mayor obstáculo para las mujeres en la vida pública es la violencia. Un alarmante 80% de las candidatas a escaños parlamentarios y un 63% de las candidatas a gobiernos locales sufren episodios de este tipo, de índole psicológica, física o sexual, durante sus campañas electorales.
Este drama estructural se repite en contextos de conflicto armado, donde las mujeres están prácticamente excluidas de la mesa: casi 8 de cada 10 procesos de paz en el mundo no han contado con ninguna mujer como mediadora o negociadora.
Quizás el hallazgo más preocupante de los informes de la ONU en este 2026 es el desmantelamiento de la arquitectura financiera e institucional de la igualdad. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral con objetivos de igualdad de género sufrió una caída del 13% entre 2023 y 2024.
El golpe fue aún más devastador para las organizaciones de derechos de las mujeres en el terreno, que vieron desplomarse su financiación un 28%.
A nivel gubernamental, las instituciones estatales encargadas de impulsar estas políticas están perdiendo peso. Una de cada tres entidades nacionales (ministerios o direcciones de igualdad) ha denunciado una erosión de su poder en los últimos dos años y casi un cuarto de ellas reportó recortes en sus presupuestos operativos.
Ante la certeza de que ningún indicador del ODS 5 está en vías de cumplirse, Naciones Unidas ha lanzado un llamamiento urgente. Revertir la actual «asfixia financiera», implementar cuotas electorales ambiciosas y legislar duramente contra la violencia política son los únicos caminos viables para evitar que las mujeres del mundo tengan que esperar casi dos siglos para ser ciudadanas de pleno derecho.
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