Castilla-La Mancha rechaza el decreto del Gobierno sobre centros de datos y estudia acudir a los tribunales

Castilla-La Mancha ha anunciado que formulará alegaciones contra el futuro decreto estatal que regulará la instalación de grandes centros de datos. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha avanzado que la Junta presentará sus objeciones esta misma semana y no descarta acudir a los tribunales si considera que la norma perjudica los intereses de la comunidad. 

Las declaraciones se han producido este miércoles durante la inauguración de la planta de biomasa de Mahou San Miguel en Alovera (Guadalajara), precisamente en un acto centrado en la capacidad industrial y energética de Castilla-La Mancha. Page ha aprovechado el escenario para defender el papel que está desempeñando la región en la expansión de las energías renovables y reclamar que ese esfuerzo tenga también un retorno industrial y económico.

El presidente castellanomanchego sostiene que la comunidad asume buena parte del esfuerzo necesario para producir energía renovable, pero después puede quedar al margen de decisiones empresariales que afectan directamente al territorio. “Si nosotros ponemos el territorio, el esfuerzo y la burocracia pensando que cada vez que ponemos placas fotovoltaicas facilitamos inversión y vamos a atraer industria que se vincula a la energía renovable, ¿por qué el Gobierno quiere controlar, por ejemplo, la instalación de cualquier centro de datos que hay en España?”, ha planteado.

Page ha reivindicado así el peso energético de Castilla-La Mancha y ha defendido que la región se ha convertido en una pieza fundamental del despliegue renovable español. En su intervención ha destacado que prácticamente todo su territorio está siendo aprovechado con actividades agrícolas, industriales y energéticas y ha presentado a la comunidad como una de las grandes potencias renovables del país.

Según ha expuesto, la región habría alcanzado además un nuevo récord de producción y “casi el 90% de la energía de esta tierra que consumimos se produce de manera renovable”. Un dato con el que ha querido reforzar la tesis de que Castilla-La Mancha está haciendo su parte para facilitar la transición energética y atraer nuevos proyectos vinculados a ella.

El temor a quedar fuera del mapa industrial

El problema, para Page, aparece cuando ese esfuerzo energético no se traduce en capacidad para decidir sobre las inversiones que se apoyan en él. El presidente regional ha cuestionado que las comunidades tengan que facilitar la implantación de renovables y asumir el esfuerzo administrativo asociado mientras después “no deciden y no opinan siquiera en las instalaciones empresariales que dejan empleo y riqueza”.

La advertencia coincide con un proyecto de real decreto que establece nuevos requisitos para los centros de datos. Entre ellos figura que determinadas instalaciones deban respaldar al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva capacidad renovable y acreditar esa cobertura hora a hora. Además, el cumplimiento de estas condiciones quedaría vinculado al acceso y conexión a la red eléctrica.

Para García-Page, el debate va mucho más allá de una cuestión técnica. Considera que está en juego el reparto territorial de la nueva industria vinculada a la digitalización, especialmente en un momento en el que los centros de datos se han convertido en infraestructuras estratégicas por el crecimiento de la inteligencia artificial y de la economía digital. “Me podrán decir muchas cosas, pero tonto, tonto, no me considero”, ha ironizado el presidente regional, que ha admitido confiar “muy poco” en que determinadas decisiones del Ejecutivo central sobre la ubicación de centros y empresas terminen beneficiando a Castilla-La Mancha.

Vamos a presentar alegaciones esta semana

El Gobierno autonómico no se limitará a mostrar públicamente su rechazo. Page ha confirmado que la Junta trasladará sus objeciones al proyecto y ha dejado abierta la posibilidad de llevar el conflicto a los tribunales. “Vamos a presentar alegaciones esta semana y eventualmente iremos a los tribunales”, ha advertido. El plazo oficial de audiencia pública del proyecto estatal permanece abierto hasta el 10 de septiembre.

El presidente castellanomanchego también ha cargado contra el impacto territorial que, a su juicio, puede tener una regulación diseñada desde el Estado sin tener suficientemente en cuenta a las comunidades que aportan suelo, infraestructuras y capacidad energética.

Le preocupa, especialmente, que pueda producirse una separación entre los territorios donde se genera la energía y aquellos donde finalmente se concentra la riqueza derivada de las nuevas actividades económicas. Page lo ha descrito como “bastante dramático para vertebrar y cohesionar un país” que se pretenda “divorciar las fuentes primarias de donde termina radicada la riqueza”.

Su crítica alcanza también al modelo de distribución territorial de los recursos públicos. En este sentido, ha advertido de que no tendría sentido que las regiones que realizan el esfuerzo para impulsar nuevas infraestructuras energéticas terminen perdiendo capacidad de decisión sobre las inversiones y el empleo que esas mismas infraestructuras ayudan a atraer.