Siete de los 15 acusados por la mayor red de tráfico de éxtasis desarticulada en Balears han reconocido hoy su implicación durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. Estos encausados han confesado los hechos tras alcanzar acuerdos de conformidad con la Fiscalía, con penas de entre dos y siete años de cárcel. Los abogados del resto de sospechosos han reclamado al tribunal su absolución alegando que la Guardia Civil vulneró de manera irregular derechos fundamentales durante la investigación, por lo que según sostienen toda la causa judicial debe ser declarada nula. La Fiscalía rebatió en la vista oral esta tesis y la sala acordó resolver esta cuestión en la sentencia. En la operación policial fueron incautadas más de un millón de pastillas de éxtasis y diversas cantidades de ketamina, cocaína, hachís y marihuana.
La organización, según sostiene el ministerio público, importaba a España drogas de diseño fabricadas en Países Bajos que eran transportadas en dobles fondos de coches y ocultas en los vehículos de varios camioneros que formaban parte de la banda. El destino de los estupefacientes era principalmente Mallorca, Eivissa y Málaga. La investigación de la Guardia Civil comenzó tras interceptar en Irún (Guipúzcoa) un coche en el que se halló un millón de pastillas de éxtasis en 2024. Las pesquisas posteriores permitieron identificar a 15 miembros de la red, españoles, italianos, británicos, neerlandeses y marroquíes.
La Fiscalía imputa a los procesados delitos contra la salud pública y organización criminal, por lo que solicitaba inicialmente condenas de entre seis y once años de cárcel. Siete de los encausados han reconocido hoy ante el tribunal su participación en la red de traficantes tras alcanzar acuerdos de conformidad con el ministerio público, por los que se han conformado con condenas de entre dos y siete años de prisión.
Los otros ocho encausados, a través de sus letrados, han presentado al inicio de la sesión diversas cuestiones previas para reclamar la nulidad de todo el proceso. Según su tesis, los investigadores vulneraron derechos fundamentales de los sospechosos, argumentos sobre los que los magistrados se pronunciarán en la sentencia.
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