El Gobierno de Aragón premiará a las entidades sociales que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional. La convocatoria de subvenciones en materia de familias, infancia y adolescencia que reciben las entidades sociales incluye una puntuación extra para aquellas asociaciones que acrediten «un mayor número de familias y personas beneficiarias con residencia legal, efectiva y continuada en Aragón durante un periodo mínimo de cinco años».
La decisión fue anunciada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), este martes. La prioridad nacional forma pacto del acuerdo de Gobierno firmado PP y Vox en Aragón y en el resto de comunidades dirigidas por los conservadores. En el caso aragonés, la ultraderecha ya ha conseguido que se tenga en cuenta en la futura ley de vivienda o en la reforma de la ley que rige los requisitos para acceder a la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (Pacimv). También va a hacer lo propio en las ayudas para partos y adopciones.
Según la orden publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), aquellas entidades sociales recibirán 5 puntos extra si puedan acreditar que los beneficiarios de las subvenciones llevan más de cinco años residiendo en cualquier municipio y que su situación sea legal. Una medida que fuerza a estas asociaciones, que trabajan mayoritariamente con personas migrantes y vulnerables, a discriminar.
Recursos públicos y finitos
Según explicó Nolasco en su rueda de prensa, «los recursos de cualquier administración pública son finitos», por lo que tienen «la obligación» de repartirlos de la manera «más justa para todos los aragoneses y españoles», es decir, «priorizamos a los nuestros». «Lo que es inadmisible es que las familias españolas se queden a la cola a la hora de optar a cualquier ayuda», afirmó el número dos de Jorge Azcón.
Este miércoles, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado que la «prioridad nacional» para familias da puntos pero en ningún caso es excluyente. «La prioridad nacional se tiene en cuenta para puntuar o tener en cuenta en la puntuación para la concesión de estas ayudas», ha explicado Vaquero, que ha recalcado que «se tiene en cuenta para tener una mayor puntuación» y ha admitido que ya «se viene incorporando» en «alguna de estas convocatorias».
Ayudas para conciliar
La convocatoria suma 948.000 euros y tiene como propósito apoyar aquellos proyectos dirigidos a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, facilitando a las familias la compatibilización de sus responsabilidades familiares, laborales y personales. En concreto, se trata de tres líneas diferentes.
Por un lado, está la línea de servicios de apoyo a la conciliación personal, familiar y laboral para familias con hijos menores de 16 años o de hasta 21 años en el caso de que presenten algún grado de discapacidad o dependencia. La dotación es de 498.500 euros, de los que 350.000 euros son fondos propios del Gobierno de Aragón y 148.500 euros proceden del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.
También está el servicio de apoyo a la conciliación personal, familiar y laboral de familias que tengan a su cargo personas mayores de 21 años en situación de discapacidad o dependencia. La dotación es de 150.000 euros, todos ellos sufragados con fondos del Gobierno de Aragón.
Por último, están las actividades para el fomento de la prevención de la violencia intrafamiliar, que contarán con 300.000 euros.
No se incluye en esta convocatoria una cuarta línea, aquella que estaba destinada a fomentar la parentalidad positiva y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, así como a prevenir la violencia familiar y de género, asegurar su protección y apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas. Esta línea estaba dotada con 500.000 euros. Según explicaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, al sustituir el término «violencia de género» por el de «violencia intrafamiliar», Aragón perdió la convocatoria, es decir, 500.000 euros.
En este sentido, Vaquero ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la pérdida de esta cuantía al ser el que ha «recortado» los fondos. Ni una palabra sobre el cambio en la terminología.
