Militares. El Ejecutivo de la Región de Murcia ha pedido al Gobierno de España que «active los medios necesarios, incluidos militares» para vigilar las costas de esta comunidad ante la llegada de lanchas motorizadas con más de 160 migrantes en situación irregular en la última semana.
Tras la celebración del Consejo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cartagena, el presidente autonómico, Fernando López Miras, puso el acento en el «momento preocupante» que vive la Región ante la «llegada de lanchas con personas sin ningún tipo de control» y mientras el Gobierno central sigue «impasible».
Además, tal y como venía haciendo los últimos días, denunció que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ni siquiera disponen de los medios necesarios para detectar estas embarcaciones. «Es una cuestión de seguridad para los que viven aquí y para quienes nos visitan», explicó, recordando que algunas de estas llegadas se produjeron en calas en donde decenas de veraneantes disfrutaban de un día de playa.
El Ejecutivo murciano pide también más financiación para Frontex
«Lo que está por llegar exige recursos extraordinarios», aseguró el presidente murciano, que exigió también al Gobierno central que aumente la ayuda para Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. «No pedimos privilegios, sino protección y seguridad, que los ciudadanos de la Región de Murcia tengan la misma seguridad que los del resto de España», agregó. «Cuando el Estado no controla sus fronteras, el problema deja de ser exclusivamente migratorio y se convierte también en un problema de seguridad y de gestión pública», subrayó.
Fue el lunes cuando López Miras trasladó a los medios de comunicación que había enviado una carta al presidente nacional, Pedro Sánchez, para pedirle más medios para luchar contra las mafias que trafican con personas, así como recursos tecnológicos de vigilancia. «Hoy sigo a la espera de la respuesta», lamento.
No podemos aceptar que una comunidad autónoma afronte en soledad un problema que corresponde al Estado
No se mostró dispuesto a aceptar que la única patrullera con la que contaba la Guardia Civil estuviera fuera de servicio y que la embarcación que envió el Ministerio del Interior para sustituirla no cumpla con los requisitos necesarios para perseguir a las pateras-taxi ni a las narcolanchas. Tal y como informó esta redacción, la nueva patrullera, Río Tordero, apenas alcanza los 30 nudos de velocidad, mientras que una narcolancha o patera motorizada supera fácilmente los 60 nudos.
«No podemos aceptar que una comunidad autónoma afronte en soledad un problema que corresponde al Estado«, añadió, lamentando que «la impunidad es absoluta». Durante su intervención, hizo hincapié en que los desembarcos registrados durante los últimos días no se corresponden con las pateras o cayucos tradicionales, sino que se trata de embarcaciones rápidas de unos 1.400 caballos de potencia, tripuladas por personas «encapuchadas» que dejan a los ocupantes en la costa en perfecto estado de salud y huyen con «absoluta impunidad» sin ser interceptadas.
El presidente regional aprovechó para trasladar a las FCSE su «respaldo absoluto» por la labor que están realizando. «Cumplen con su deber en circunstancias precarias», recalcó, señalando que «la seguridad no se improvisa», sino que «se planifica y se garantiza».
Reunión de López Miras y Arroyo con representantes de organizaciones y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. / Alex Moreno
La rueda de prensa, que comenzó con casi una hora de retraso, se celebró tras el encuentro mantenido por López Miras y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, con representantes de organizaciones y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El jefe del Ejecutivo alertó de que el refuerzo de efectivos en el Estrecho de Gibraltar y Andalucía está provocando un desplazamiento de las redes criminales hacia el levante. «Si se desprotege la Región de Murcia, todas esas mafias van a ir desplazándose y empezarán a operar cada vez con más intensidad aquí», advirtió, urgiendo así al presidente del Gobierno a responder a la carta que le remitió.
La regidora cartagenera, Noelia Arroyo, por su parte, puso el acento en el hecho de que los problemas de falta de recursos y efectivos que sufren los FCSE no se limitan solo al mar, sino que también los tienen en tierra. «Aunque la Delegación del Gobierno y el Ministerio lo nieguen, está pasando», remarcó, criticando que el Gobierno de España haya dejado Cartagena «desasistida», algo que «saben» las mafias.
Fuente: La Opinión de Murcia
