La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cinco personas por un «piso patera» habilitado en la Zona Norte para migrantes que llegan a la península en embarcaciones precarias tras pagar a las mafias de inmigración ilegal. Todos los arrestados han sido acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y tres de ellos han sido denunciados además por coacciones y extorsión a una de las personas apresadas, cuyo hermano es el dueño de la vivienda.
La operación ha sido realizada por el Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial. Los investigadores de la UCRIF detectaron una vivienda en la Zona Norte de Alicante, cerca del parque Lo Morant, que podría estar siendo utilizada como «piso patera» para alojar a migrantes que llegan a la provincia en embarcaciones precarias procedentes de Argelia.
Al investigar la casa comprobaron que había cuatro personas empadronadas, dos de ellas de origen argelino, y que el propietario tenía nueve viviendas a su nombre. Una vez recabados todos los datos sobre el piso patera, la Policía Nacional procedió a realizar una inspección de la casa y comprobó que el domicilio presentaba un estado de insalubridad alarmante y había gran cantidad de cucarachas.
El piso patera constaba de cinco habitaciones numeradas y con varias camas en cada una. En el momento del registro había seis inmigrantes y cada uno dio una versión diferentes sobre el dinero que pagaba por el alojamiento. Uno dijo que pagaba 270 euros al mes por dormir en la misma cama todos los días, otro abonaba 450 euros por una habitación compartida con su hermano y otros afirmaron que pagaban diez euros por pasar la noche en el piso patera.
Estas personas explicaron que trabajaban sin contrato en el campo, la construcción, recogiendo chatarra y uno aseguró que su familia le mandaba dinero a España desde su país de origen. Los migrantes indicaron que no tenían llave del domicilio, pero siempre había alguna persona que les abría la puerta.
Gestión de la vivienda
La Policía averiguó que una mujer de origen libanés gestionaba la vivienda, pero contaba con un intermediario al que le pagaban los migrantes que se alojaban allí. Este intermediario, un argelino de 46 años, era una de las seis personas que estaba en el piso patera cuando entró la Policía y fue detenido en esta primera fase de la operación junto con la mujer libanesa, de 58 años. Ambos no tenían antecedentes y fueron acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.
La UCRIF continuó las pesquisas y la mujer libanesa prestó una nueva declaración en sede policial que destapó a otros implicados que además presuntamente la estaban coaccionando y extorsionando. Estos implicados llegaron a irse de la casa tras la primera intervención policial, pero luego regresaron al piso.
La mujer relató que la vivienda es de su hermano y se la alquiló durante tres meses a dos ciudadanos argelinos que solo le pagaron 250 euros de la primera mensualidad y dejaron de abonarle el resto del dinero. La hermana del dueño manifestó asimismo que le amenazaron si intentaba echarles e incluso la extorsionaron exigiéndole 2.000 euros a cambio de irse del «piso patera».
Los investigadores lograron identificar a estos dos varones argelinos y a otro compatriota, los cuales no solo estaba coaccionando a la mujer, sino que eran supuestamente los encargados de meter en el domicilio a migrantes procedentes de pateras. Tras su identificación, la Policía procedió al arresto de tres varones argelinos de 40, 38 y 30 años, todos con antecedentes policiales.»
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