Los miembros del Grupo Popular acudieron este miércoles a una última cita en la sala Constitucional del Congreso de los Diputados donde se celebraron unas jornadas sobre varios asuntos como la vivienda o la inmigración y donde en un ambiente distendido y en tono de broma, pero sin que nadie entendiera que no era cierto, el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, les advirtió que el verano sería corto, y que ya el lunes 24 de agosto se produciría una primera reunión del comité de dirección en Madrid, presidido por Alberto Núñez Feijóo. «En septiembre se activa la maquinaria, está claro» comentaban después varios diputados, entre despedidas y deseos de unas felices vacaciones.
Sea cual sea la fecha de las próximas elecciones generales, algo que solo Pedro Sánchez puede saber con certeza, lo cierto es que la rentrée después de las vacaciones será la del último curso político de la legislatura, marcado además por las elecciones municipales y autonómicas del último domingo de mayo del año próximo. Y como siempre que una legislatura se agota, mucho más si se ejerce la oposición, es el momento de quemar los últimos cartuchos estratégicos.
En ese sentido, el PP parece dispuesto a priorizar como gran eje de su acción política en estos meses finales de la legislatura que comenzó hace tres años, tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, lo que tanto Feijóo como sus principales dirigentes verbalizan ya como un plan de «reconstrucción nacional». Algo que hace referencia, como es obvio, a la degradación institucional que el primer partido de la oposición advierte tras los varios y graves casos de corrupción que vienen salpicando al PSOE y al Ejecutivo, pero también, por ejemplo, a la idéntica degradación que observan en las infraestructuras, y que han denunciado singularmente este año tras la tragedia ferroviaria de Adamuz y el caos persistente en Rodalies.
Por esa vía apuntó ya el lunes en una rueda de prensa en Génova la no en vano vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, cuando presentó una prolija Proposición no de Ley (PNL) que la formación conservadora ya ha registrado. En esa iniciativa, y además de reclamar de nuevo a Sánchez que convoque ya las elecciones o en caso contrario se someta a una moción de confianza, algo que con los votos de Junts ya se logró que el propio Congreso lo pidiese el pasado junio, se detallan muchas otras cuestiones que de alguna manera trazan la hoja de ruta regeneradora que pretende Feijóo si logra llegar a la Moncloa en su segundo asalto a la misma.
Empezando por una reforma de la ley del indulto, que data nada menos que del siglo XIX, para prohibirlo en los casos de «delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores y a quienes ocupando altas responsabilidades públicas hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones». Una descripción que encaja a la perfección con la medida de gracia concedida esta misma semana por el Consejo de Ministros a la ex portavoz de Junts, Laura Borrás, sobre la que sin embargo los populares han mantenido una actitud de perfil bajo.
Reformas y auditorías
El plan del PP, del que la mentada PNL vendría a ser un mero bosquejo (la iniciativa, por su propia naturaleza, no tiene carácter vinculante) incluye también una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado y de quien ocupe ese cargo. Igualmente, el cese inmediato de cualquier alto cargo de la administración al que se le haya abierto una investigación judicial.
La propuesta de reconstrucción de Feijóo pasa también por los medios de comunicación públicos. La Agencia EFE pero, sobre todo, Radio Televisión Española (RTVE) a juicio del PP entregada a la «propaganda sanchista». Y por último, pero no menos importante, tanto por una reforma del Código Penal que vuelva a introducir en el mismo las penas por malversación que el Gobierno de Sánchez eliminó de acuerdo con ERC, y que eran precisamente las que afectaban a los líderes del procés, así como varios procesos de auditorías públicas. Estas últimas afectarían singularmente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, y también a los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas (FASEE), el mecanismo por el que se produjo, entre otros, el rescate de la aerolínea Plus Ultra por el que se investiga ahora al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Todo ello sin olvidar otra de las ambiciones de Feijóo, la creación de una Autoridad Independiente de Transparencia y Buen Gobierno, que según los populares pretenden, serviría para unificar el control de la transparencia, la integridad de los altos cargos y la actividad de los Grupos de Interés, permitiendo superar, explican, «la actual fragmentación de organismos sometidos a la dependencia del Gobierno». El nombramiento de esa agencia se haría, según plantea el PP, por una mayoría reforzada del Congreso de los Diputados.
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