El Tribunal de Cuentas ha propuesto la aplicación de la ley de amnistía a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la normativa, incluso para el delito de malversación de fondos públicos. Este órgano fiscalizador ha acordado este lunes reanudar la tramitación del procedimiento abierto a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y a 33 excargos de sus gobiernos por los gastos ocasionados por la organización del referéndum unilateral del 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 al 2017.
La tramitación de este procedimiento de reintegro de esos fondos fue suspendido en julio de 2024 (quedaba dictar la sentencia) al elevar una cuestión prejudicial del TJUE y ahora la consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Herráez, ha concedido a las partes un plazo común de 10 días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas y aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para la consulta soberanista. Esta resolución la ha adoptado una vez que se le ha notificado la sentencia del TJUE.
El TJUE decidió la semana pasada no oponerse a la aplicación de la ley de amnistía a los encausados ante el Tribunal de Cuentas al considerar que la extinción de responsabilidades, como prevé esta normativa, no afecta a los intereses financieros de la UE. En su sentencia precisó que «la eventual incidencia en el presupuesto de la Unión no puede derivarse de un perjuicio ocasionado únicamente al presupuesto nacional, debido a que la contribución del Estado miembro al presupuesto europeo» podría verse afectada.
Vía libre para aplicar la norma
«En concreto», precisa el alto tribunal europeo, «no puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional». La justicia europea da vía libre al Tribunal de Cuentas para eximir la devolución de esos 3,9 millones de euros les que reclamaba a los expresident Carles Puigdemont y Artur Mas por el proceso secesionista.
Por otra parte, los 12 miembros de CDR acusados de terrorismo han empezado a pedir este lunes en la Audiencia Nacional que les aplique la amnistía, tras el aval del TJUE. En una segunda sentencia, el tribunal europeo también consideraba correcta la norma para perdonar acusaciones de terrorismo, si estas no habían vulnerado derechos humanos, como es el caso de los independentistas catalanes detenidos en el 2019 por participar en protestas e intentar preparar material.
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