La prioridad fetal legislada por Isabel Díaz Ayuso parte de la premisa de que no hay asunto pequeño cuando se trata de liar la madeja, chapotear en el antifeminismo y enviar mensajes truchos sobre el fomento de la natalidad. Por ser generosa, imagino que su experiencia de haber perdido un embarazo de ocho semanas (el famoso Manolito sobre el que se explayó en una entrevista, diciendo «ya sé qué es ser madre para siempre») ha guiado a la presidenta de Madrid en la aprobación de su ley del concebido no nacido. En virtud de dicha norma, una mujer o una familia pueden acceder a ayudas autonómicas desde las primeras semanas de gestación, contabilizando al embrión como uno más del núcleo familiar. Pone el microscopio, que no el foco, en las prioridades de los madrileños, cuyos niños se cuecen en aulas escolares sin climatizar, sufren una sanidad pública depauperada y compiten por las becas con rentas de más de 100.000 euros al mes. El índice de pobreza infantil en la región de Ayuso asciende al 20 por ciento, se ve que las subvenciones no alcanzan a los sí nacidos. Tampoco vayan las madrileñas en avalancha con sus test de embarazos positivos a las ventanillas para llenarse los bolsillos: los beneficios más sustanciosos para la economía doméstica pasan por presentar un libro de familia con el infante registrado, no sirve el papelito de un ginecólogo. Numerosa o monoparental, si el bebé no ha nacido no hay rebaja en la factura de la luz, el billete de avión ni la contribución urbana, así lo marca el ordenamiento estatal. Ayuso vende humo y no debería. De hecho, y al hilo de la fecundidad, el esperma de los madrileños presenta una calidad mucho más baja que el de hombres de otras comunidades autónomas debido a la polución y la exposición a tóxicos, así que bien haría en limpiar la atmósfera para favorecer la fertilidad masculina. El espermatozoide lento y solitario, he ahí el próximo reto legislativo de la presidenta.
Si Ayuso considera un ser con plenos derechos al embrión anterior a las 14 semanas no puede permitir que una mujer interrumpa libremente su embarazo en ese plazo, como estipula la ley del aborto. Sería un crimen, han subrayado las organizaciones pro vida. Efectivamente, la lideresa popular cuestiona de facto el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, primero con las trabas que les pone para abortar en la sanidad pública y ahora con la ley del nonato. Su batalla ideológica personal contra el feminismo pone en solfa la postura de los conservadores en un asunto que les ha traído pocas alegrías. La sentencia del Constitucional validando la norma, y dejando muy clara la diferencia entre la vida prenatal y la persona, parecía haber zanjado el debate para la derecha, pero no. Siempre a la zaga de la presidenta madrileña, y preocupado por disputar la batalla cultural antiprogresista a Vox, Alberto Núñez Feijóo ha prometido también una ley nacional del concebido no nacido si gobierna. Una como la que él, padre de su único hijo a los 55 años, ya impulsó hace tres lustros en Galicia, con beneficios a partir de la semana 21 de gestación. ¿Ha tenido esta política algún resultado positivo? No lo parece. La natalidad gallega es de las más bajas de España y solo ha remontado gracias a la inmigración. Y es que el problema de la vivienda sigue funcionando como el mejor anticonceptivo. Lo demás son engendros jurídicos para pasar el rato.
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