Son las 10:20 de un jueves laborable normal. Pero el trajín de gente que se agolpa en el número 16 de la calle Prados, en el céntrico barrio de Cortes, en Madrid, a pocos minutos andando del Congreso de los Diputados, no es el habitual. En cuestión de minutos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitará esta finca para charlar con Aurora, la presidenta del bloque de doce pisos en el que dos de ellos operan como viviendas turísticas ilegales.
El caso de esta vecina es uno de los muchos existentes en Madrid, ciudad donde aproximadamente el 90% de los pisos turísticos son ilegales, según cálculos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). A pesar de que, en muchos casos, los vecinos han utilizado todas las herramientas legales a su alcance, la realidad es que —en algunos casos— siguen operando casi con normalidad.
Aurora atiende a EL PERIÓDICO minutos después de despedirse de Rodríguez. Se le nota nerviosa aún. Ha recibido en su propia casa a una ministra del Gobierno de España. Esta residente denota una mezcla entre hartazgo y cansancio derivado de esta problemática, que llena de paciencia relata: «Los turistas ponen la música a las cinco de la mañana y tiran basura en las zonas comunes». Su comunidad decidió en 2019 cambiar los estatutos para prohibir la implantación de pisos turísticos en el edificio.
En ese año, el actual Ejecutivo cambió la ley de propiedad horizontal para permitir a los vecinos de una comunidad vetar la presencia de este tipo de inmuebles, siempre que contasen con el voto a favor de tres quintas partes. Aprovechando el cambio normativo, Aurora y sus vecinos lo hicieron, elevaron a público los nuevos estatutos y al Registro de la Propiedad. En vano, porque los pisos vacacionales siguen operando igual sin que nadie haga nada. Tampoco el Ayuntamiento de Madrid.
Carmen y sus casos de éxito
Aunque Aurora no ha logrado erradicar los pisos turísticos de su edificio, sí lo ha conseguido Carmen, una residente del barrio de Lavapiés, de la calle Jesús y María, trasformada en una (casi) activista contra este tipo de inmuebles. «Antes de la pandemia había cuatro viviendas de uso turístico en los 21 pisos que tiene mi edificio. Uno de ellos era de Israel y el otro de Dubai, ambos comprados beneficiándose de la ‘golden visa’ (permiso de residencia que se obtenía por invertir más de medio millón de euros en una vivienda). En abril de 2022 votamos en la comunidad prohibirlos y en 2023 lo incluimos en los estatutos. Tras esto, el israelí lo puso a la venta y fue adquirido por una pareja como inversión y lo alquilan a gente de forma estable, al igual el dubaití, que aún es propietario», desarrolla con cara de satisfacción.
Mercedes, vecina de Lavapiés, que sufre la problemática de los pisos turísticos / José Luis Roca
Mientras habla con EL PERIÓDICO, Carmen saca varios papeles de su mochila en los que tiene notas de otros casos de más vecinos del centro de Madrid a los que ella ha ayudado de forma directa o indirecta. Aunque prefiere no revelar sus nombres ni sus direcciones exactas, relata: «En la calle General Pardiñas, en el Barrio de Salamanca, un edificio tenía una vivienda turística ilegal, tramitaron el cambio de estatutos para prohibirlo y eso que ya no era necesario. Han conseguido que se alquile de forma tradicional». A lo que se refiere la residente de Lavapiés es que, desde abril de 2025, la ley obliga a que el propietario que quiera iniciar la actividad de vivienda turística debe obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, sin que exista ya la obligación de cambiar los estatutos.
Otro caso. «En la calle Narvaéz, en el distrito de Retiro, un edificio de 73 viviendas llegó a tener 15 pisos turísticos. Ahora tiene solo seis ilegales que se ofertan como falso alquiler temporal. La comunidad denunció a un propietario que tenía ocho inmuebles y ganó. Ahora, este, que ya ha vendido algunos, ha denunciado al presidente y vicepresidente por la vía penal por acaso. No solo eso, sino que, como el edificio está junto al hospital Gregorio Marañón, el casero (que sigue alquilándolos como turístico) dice que son enfermos y familiares que vienen a tratarse al complejo, pero, no, la mayoría siguen siendo turistas», señala Carmen.
«El Ayuntamiento lo declaró ilegal, pero sigue abierto»
Misma suerte que Aurora, la vecina que recibió a la ministra de Vivienda este jueves, corre Mercedes. En su caso, el piso turístico le molesta de una forma particular. «Yo vivo en la calle Olivas, en el número 9, también en Lavapiés. En enero de 2022 se instaló una vivienda vacacional con una declaración responsable. Los que allí se hospedan ponen el aire acondicionado todo el año a todas horas. Entonces, sube una corriente caliente del aparato hacia arriba, que entra directamente a mi cocina. No puedo abrir la ventana porque solo entra aire caliente», comenta.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitando a Aurora, una vecina de Cortes, en Madrid, que sufre la problemática de tener pisos turísticos en su bloque / José Luis Roca
Mercedes denunció la presencia de este inmueble al Ayuntamiento de Madrid, que lo declaró ilegal, siempre según su versión. «A pesar de esto, el Consistorio no ha podido notificarle al propietario desde finales de 2024 que su piso turístico no cumplía con la normativa. Han desistido y han pasado el caso al departamento de cierres forzosos«, amplía.
Sobre esto, Enrique Villalobos, responsable de vivienda y urbanismo de la FRAVM, añade: «Hay escasamente una decena de inspectores y solo 1.135 viviendas vacacionales con licencia, mientras el INE contabiliza 12.000 activas. Es decir, el 90% de las que operan son ilegales, da igual desde cuando. Solo desde 2023 hasta 2025, el número de pisos ha crecido entre un 15% y un 17,5%». La comunidad de Mercedes, como las anteriores, ha optado por prohibir también en los estatutos la presencia de estos inmuebles, un trámite que a la finca de Carmen le costó unos 1.200 euros del Registro de la Propiedad y unos 200 euros de honorarios del notario.
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