Las claves
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia expedientar al juez Juan Carlos Peinado por afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.
Los miembros de la comisión están valorando distintas propuestas y existe la posibilidad de que se convoque un encuentro de la Comisión Permanente, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La reunión extraordinaria de la Comisión Permanente convocada hoy en relación con las expresiones referidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contenidas en el auto dictado ayer por el magistrado Juan Carlos Peinado se ha aplazado hasta mañana a las 9:00 horas para dar más tiempo al debate y que este se produzca de manera presencial
Se trata de la respuesta inmediata a los últimos movimientos del Ejecutivo.
El sábado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había trasladado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, su «más enérgica queja» por la situación.
El malestar del Gobierno responde directamente a las afirmaciones vertidas por el juez Juan Carlos Peinado en su último auto, donde ponía en entredicho la labor de los agentes de la Policía Nacional encargados de custodiar a Begoña Gómez.
El magistrado fundamenta su decisión asegurando que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Gómez podrían cooperar en una hipotética huida de la investigada.
Según sostiene el instructor en su resolución, los funcionarios policiales podrían colaborar «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos» en cualquier acción destinada a facilitar esa fuga, impidiendo así que la acusada comparezca ante la justicia.
Para el ministro, esas afirmaciones «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho».
Marlaska ha señalado además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales«.
El titular de Interior considera estas afirmaciones «un hecho de máxima gravedad» y ha instado al CGPJ a que adopte «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones» al tiempo que ha insistido en la «plena profesionalidad» de los agentes y de sus mandos.
