«Violencia machista dentro de nuestra propia casa». Con esa frase, que es sobre todo una constatación, un sindicato policial reaccionaba al asesinato de Laura, agente de la Guardia Civil, tiroteada hasta la muerte por su expareja y padre de sus hijos. El asesino, también miembro de la Guardia Civil, fue abatido por compañeros del cuartel que presenciaron los hechos. Apenas han pasado unas horas desde el crimen, pero ya sabemos que existía una orden de alejamiento que había enviado al maltratador al otro extremo de España; sabemos también que la víctima estaba bajo la protección del sistema VioGén, que evalúa los riesgos a los que se enfrentan las mujeres y asigna recursos y vigilancia policial en función del nivel de peligro.
Más de 100.000 mujeres españolas están incluidas en este mecanismo de protección del Gobierno, que ha salvado incontables vidas. Pero cada vez que un solo agresor logra burlar el sistema para asestar un golpe, una puñalada o un disparo mortal a la mujer que ya no quiere seguir con él, el mazazo es inevitable.
Si además la violencia estalla dentro del mismo cuerpo policial —una institución que ha recibido formación especializada, convive con frecuencia con este problema y está, por definición, orientada al servicio y la protección de las personas—, se abre un precipicio moral. No solo nos deja en ‘shock’ la brutalidad del crimen. Alguien que debía hacer cumplir la ley la ha vulnerado, tenía que proteger y se ha convertido en verdugo.
Hay que revisar de nuevo la protección de las mujeres y afinar en la detección de las amenazas reales que encierran las conductas violentas. Detrás de los malos tratos suele haber una escalada de agresividad que se intensifica en contextos de vulnerabilidad emocional, como un divorcio o la salida de un domicilio compartido tras una denuncia, pistas valiosas para abordar de forma más minuciosa esta lacra que sigue dejando un reguero de muertes. Al poco de la muerte de Laura, asesinaban a otra mujer en Murcia. ¿La última?
Suscríbete para seguir leyendo
