Cuatro personas venezolanas, tres mujeres y un hombre, están siendo juzgadas esta semana en la Audiencia de Madrid por formar parte de una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres traídas irregularmente desde Sudamérica, sobre todo desde Venezuela.
La Fiscalía pide entre cinco y trece años de prisión por delitos de organización criminal con fines de explotación sexual, inmigración ilegal y amenazas.
Venezuela y Ecuador
La red de captación y prostitución de mujeres operaba desde 2020 en un chalet de Pozuelo de Alarcón (Madrid). En cada una de las habitaciones de esta amplia vivienda, las mujeres, traídas desde Venezuela y Ecuador, eran «explotadas sexualmente hasta que solventaban una supuesta deuda de hasta 5.000 euros», según las pesquisas.
Una de las mujeres prostituidas en el chalet aseguró que la trajeron a España engañada. Le ofrecieron un trabajo bien remunerado en nuestro país y le aseguraron que lo único que tenía que hacer para venir era «pagar el coste del vuelo».
150 euros a la semana
La mujer ha explicado ante el tribunal las verdaderas condiciones que encontró nada más llegar a España: «Dormía en un sótano sin ventanas junto a otra chica, tenía una hora libre al día y me obligaban a tener relaciones sexuales cuando ellos decían. Ellos establecían duración y precio, y todo lo que ganaba lo tenía que dar para descontar de la deuda, yo no me llevaba nada.«
El principal líder de la organización criminal, Gustavo, era el arrendador del chalet y alquilaba cada una de las habitaciones a las mujeres por 600 euros al mes o 150 euros a la semana, por «bizum o transferencia», según declaró en el juicio una testigo.
Stripper reconocida
Los cuatro acusados niegan los hechos. Gustavo ha asegurado al tribunal «desconocer el motivo por el que se alquilaban las habitaciones» y «no obtener ningún beneficio económico de estos servicios de prostitución». El fiscal pide para él trece años de cárcel.
Melisa, otra de las acusadas, «había sido una stripper reconocida en su país (Venezuela)» y admite «haber publicado el perfil de tres chicas en una página web» para ofrecer sus servicios sexuales. Está acusada de un delito de inmigración ilegal y otro de lesiones y se enfrenta a seis años de cárcel.
«Limpieza del chalet»
La tercera acusada reconoce haber alquilado «una de las habitaciones para ejercer la prostitución». Sin embargo, el trato con la red de explotación sexual era muy diferente: «no estaba sexualmente obligada, elegía sus clientes (antiguos conocidos) y manejaba su dinero». La petición de la Fiscalía para ella es de seis años de prisión.
Zaida, la cuarta acusada, declaró que solo se dedicaba a la «limpieza del chalet», desconociendo todo lo relacionado con los hechos. Sin embargo, el Ministerio Público la acusa de pertenencia a la organización criminal y pide que sea condenada a cinco años de cárcel.
