La Agencia Tributaria informó hace unas semanas al juez que investiga al empresario Alberto González Amador de una inspección tributaria que mantenía abierta a Fernando Camino. Se trata del directivo de Quirón Prevención implicado en la causa en la que se investigan presuntos delitos de corrupción relacionados con la venta por parte de la esposa de este empresario a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un total 499.836 euros, de una empresa sin apenas actividad (Círculo de Belleza).
Tras comprarla, González Amador le cambió el nombre y la utilizó presuntamente para encubrir una comisión por la misma cantidad (de medio millón de euros) y eludir el pago a Hacienda, según sospecha la Fiscalía de Madrid.
Además de dar cuenta de esta investigación tributaria, que queda ahora paralizada en favor de la instrucción judicial, los documentos remitidos al actual juez del caso revelan que entre 2021 y 2023 tanto la citada empresa, renombrada por González Amador como Masterman & Whitaker Medical Supplies, como Maxwell Cremona S.L., igualmente propiedad del novio de Isabel Díaz Ayuso, habrían facturado a Quirón Prevención un total de 4.436.495 euros.
La jueza Inmaculada Iglesias, que instruía esta causa hasta que tuvo que jubilarse el pasado año, ya había puesto el foco sobre las relaciones de ambas sociedades de González Amador con Quirón en octubre de 2024, cuando estableció que debía indagarse “si en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla Masterman S.L., mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L. y su cliente Quirón Prevención S.L., se pudo incurrir en otros delitos distintos a los dos delitos contra la Hacienda Pública y delito de falsedad documental objeto de las diligencias previas referidas”.
Lo hizo a raíz de un informe anterior también de la Agencia Tributaria que advertía que Círculo de Belleza no tenía inmuebles o empleados — su activo material se limitaba a un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y remodelación corporal. Se investiga también un presunto delito de corrupción en los negocios.
La empresa de González Amador no tenía medios para los servicios que cobraba a Quirón, según la UCO / EP
El juez había pedido el pasado mes de febrero determinada información a Hacienda que le fue remitida el pasado 21 de mayo, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que se ha conocido este jueves. En ella la Agencia Tributaria recuerda que en su día formuló denuncia ante la Fiscalía por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2021 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona. Fue la alerta inicial que ha llevado al empresario a juicio que aún está pendiente de celebrarse, y en cuya tramitación se produjo una revelación de datosreservados que finalmente causó la imputación y condena del que fuera entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
«Indicios de simulación»
Ahora, Hacienda recuerda que se trata de poner el foco en los servicios facturados por Masterman a Quirón Prevención, «en los cuales la Inspección ha apreciado indicios de simulación».
Agrega que «los hechos que se declaren probados en la resolución que ponga fin al proceso penal podrían afectar a los gastos deducidos en el Impuesto sobre Sociedades por la prestación de aquellos servicios, teniendo incidencia en la cuantificación de las bases imponibles, tanto de Quirón Prevención S.L., en su condición de entidad dependiente, como del grupo de empresas relacionadas. «Asimismo podrían afectar a la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas por aquella prestación de servicios», agrega el informe.
Las investigaciones en esta causa buscan aclarar si González Amador buscó eludir al fisco al utilizar una sociedad ‘pantalla» (Masterman) para emitir facturas por servicios que en realidad prestó su otra empresa, que era Maxwell Cremona. El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la procedencia de esta investigación, que además de por la Fiscalía ha sido iinstadapor la acusación popular que ejercen el PSOE y Más Madrid.
El pasado 11 de junio el actual juez del caso, Antonio Viejo, accedió al requerimiento de la UCO para pedir a un total de 16 entidades bancarias «información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases» sobre González Amador y sus socios.
El juez precisaba que las diligencias interesadas tienen por objeto «construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida» y determinar si el origen del mismo son las actuaciones ahora investigadas. La orden del juez se produjo casi medio año después de que los agentes solicitaran la medida y la Audiencia Provincial avalara esta rama de la investigación al empresario.
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