La petición de Las Palmas de Gran Canaria para ser declarada zona de mercado residencial tensionado volvió este martes al Parlamento de Canarias, donde el presidente autonómico, Fernando Clavijo, rebajó el alcance de esa medida. El jefe del Ejecutivo afirmó que el Gobierno canario aceptará la solicitud si el Ayuntamiento acredita que cumple los requisitos legales, pero advirtió de que su aplicación no resolverá el problema de la vivienda en la capital grancanaria.
“Si reúne las condiciones, se aceptará”, señaló Clavijo en declaraciones recogidas por Efe, antes de añadir que la declaración “no va a servir de nada”. El presidente sostuvo que la crisis habitacional no se corrige con instrumentos de intervención sobre los precios, sino aumentando la oferta y reduciendo los tiempos administrativos para que puedan construirse más viviendas.
Clavijo respondió así al diputado socialista Sebastián Franquis, que le acusó de actuar “como un medianero” de los intereses privados en materia de vivienda. El parlamentario del PSOE afirmó que el presidente ha escogido estar del lado de quienes se benefician de la actual tensión del mercado residencial.
No va a servir de nada
El jefe del Ejecutivo rechazó esa acusación y cargó contra la gestión del anterior Gobierno regional, en el que Franquis tuvo responsabilidades en esta materia. Calificó de “fracaso absoluto” la política de vivienda del anterior mandato y consideró “un poco cínico” que el PSOE le reproche ahora la falta de soluciones.
Clavijo pide derogar la Ley de vivienda e implantar el silencio administrativo positivo en las licencias
El presidente canario apuntó a dos medidas que, a su juicio, sí podrían aliviar la situación. La primera, derogar la Ley estatal de Vivienda, a la que atribuyó la salida del mercado de alquiler de “cientos de miles” de propietarios. La segunda, implantar el silencio administrativo positivo en la concesión de licencias, de forma que las solicitudes se entiendan autorizadas si la Administración no responde dentro del plazo legal.
Clavijo insistió en que Canarias no tiene grandes tenedores con miles de inmuebles y señaló que el mayor propietario de vivienda en las islas es Visocan, la empresa pública autonómica. También defendió que su Gobierno ha intentado habilitar fórmulas para facilitar la obtención de licencias, aunque aseguró que los ayuntamientos “se han negado”.
El presidente reprochó además al Ayuntamiento que lleve “más de un año” hablando de la declaración y que, según afirmó, no haya formalizado el trámite hasta marzo. Clavijo ironizó con que el gobierno municipal se ha puesto “nervioso” por la proximidad de la campaña electoral.
El expediente municipal
La declaración de zona tensionada mantiene abierto un pulso entre el Ayuntamiento capitalino y la Consejería de Vivienda. Las Palmas de Gran Canaria defiende desde enero de 2025 que cumple los requisitos previstos en la Ley 12/2023, a partir de un informe elaborado con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La Dirección General de Vivienda ha requerido al Consistorio nueva documentación antes de resolver. Entre otros datos, pide precios oficiales de alquiler y compraventa, desglosados por tipo de vivienda y zona, y una medición normalizada del esfuerzo económico que soportan los hogares.
Informes opuestos
El Gobierno canario también quiere contrastar el informe municipal con otro estudio del Colegio de Economistas, que concluyó que la capital no reúne las condiciones para ser declarada zona tensionada. Además, ha pedido un calendario de aplicación y estudios sobre segregación social y vulnerabilidad para valorar si la medida debe afectar a todo el municipio o solo a áreas concretas.
La alcaldesa, Carolina Darias, defendió a finales de febrero la solidez del estudio municipal y aseguró que el Ayuntamiento cumplirá con la documentación requerida, aunque cuestionó los plazos fijados por la Comunidad Autónoma.
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