El conflicto laboral en el servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR) del aeropuerto de Palma ha estallado definitivamente. Tras una brevísima tregua de veinticuatro horas aconsejada por la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, los trabajadores han iniciado este martes los paros parciales programados. La plantilla ha decidido reactivar las movilizaciones ante la falta de avances concretos y lo que consideran «promesas vacías» por parte de la empresa adjudicataria, Adelte.
La situación en las terminales de Son Sant Joan amenaza con complicar el arranque de la temporada alta. La huelga no se ejecutará mediante un paro lineal, sino a través de una estrategia de paros intermitentes minuciosamente distribuidos para incidir en los momentos de mayor tráfico de vuelos.
Los lunes, miércoles y viernes, el personal cruzará los brazos de 12:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Para los martes y jueves, la estrategia se fragmenta en tres paros diarios: de 05:00 a 07:00, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas. Los domingos se reservan las protestas para el mediodía, de 12:00 a 15:00, y para el cierre de la jornada turística, de 21:00 a 23:59 horas. El verdadero desafío logístico llegará los sábados, día de máxima afluencia en Palma, cuando la plantilla secundará una «huelga completa 24h».
Fracaso de la mediación
La reactivación de los paros llega tras un fin de semana de intensas negociaciones. Según cuentan los afectados, la Directora General de Trabajo, Luz Moreno Romero, asumió personalmente la mediación, cancelando su agenda para mediar en reuniones maratonianas entre ambas partes. En los primeros compases, parece ser el Govern se alineó con las tesis sindicales, «presionando a Adelte para que cancelara de inmediato todos los aumentos de jornada y horas extras previstos para el domingo».
Sin embargo, el clima de sintonía en la mesa -relatan- dio un vuelco el lunes por la mañana. Ante el inmovilismo de la empresa, la delegación gubernamental cambió de estrategia y aconsejó al comité de empresa que suspendiera las protestas sin contrapartidass. Los portavoces sindicales afean una «maniobra de última hora» que solo buscaba desactivar el impacto de la huelga en el aeródromo. Finalmente, aunque la plantilla aceptó un voto de confianza de unas horas, la reunión vespertina del lunes constató la imposibilidad de un acuerdo.
Servicios mínimos
Para organizar la movilización, el comité de empresa ha difundido una guía rápida de huelga con instrucciones muy precisas para la plantilla. El desarrollo del conflicto estará fuertemente condicionado por la asignación de los servicios mínimos. Aquellos operarios que «reciben el mensaje con servicios mínimos» tienen la obligación legal de acudir a su puesto de trabajo y cumplir con su turno como si fuera un día normal, «salvo indicación distinta».
El escenario cambia para los trabajadores que «no reciben la orden de servicios mínimos». En este caso, el comité subraya que tienen pleno derecho a ejercer el paro «en toda la franja o solo en la parte que decidan», aclarando que la flexibilidad es total para secundar «toda la huelga, una hora, dos horas o el tiempo que elijan».
Caja de resistencia
El trasfondo de este conflicto evidencia un desgaste estructural que la plantilla califica de «insostenible». El sindicato denuncia un escenario de «precariedad crónica basado en el abuso de la contratación a tiempo parcial». Según los datos aportados por los representantes de los trabajadores, la empresa recurre de forma sistemática a las ampliaciones de jornada temporales para cubrir la operativa ordinaria. Solo el año pasado se registraron más de 8.000 aumentos de jornada, a los que se suman otros 1.800 en lo que va de primavera.
«Los trabajadores estamos cansados de sostener la operativa a costa de nuestra salud, nuestro descanso y nuestra estabilidad laboral», lamentan desde el colectivo. Los empleados critican que estas cifras demuestran que existe volumen de trabajo suficiente para consolidar contratos a jornada completa, pero que la contrata «prefiere gestionar el servicio bajo una flexibilidad forzada que impide la conciliación familiar y perjudica especialmente a las nuevas incorporaciones, quienes sufren presión psicológica por miedo a no superar el periodo de prueba».
Frente a las advertencias de Adelte, que envió una circular interna avisando de las «consecuencias económicas» individuales de secundar los paros, el comité ha blindado a la plantilla. Los sindicatos han activado una caja de resistencia que abonará «siete euros por hora de huelga» secundada. Para recibir este aporte social de la caja de resistencia, el empleado deberá cumplir la condición de «aviso» previamente al comité indicando el día y la franja horaria, y «deberá demostrar en la nómina el descuento» correspondiente a las horas de huelga realizadas.
Los trabajadores insisten en que la falta de personal estable ya está provocando escenas de caos logístico en Son Sant Joan, con pasajeros vulnerables que permanecen desatendidos durante horas en las terminales. Ante este escenario, la plantilla señala también a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) por un modelo de licitaciones periódicas que fomenta la inestabilidad. La huelga ya es una realidad en Palma y, según advierten los portavoces del movimiento, «la plantilla está cada vez más cansada y siente que la empresa solo reacciona cuando hay presión colectiva».
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