El espaldarazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía abre la puerta al regreso a España de Carles Puigdemont, pero la vuelta del expresidente de la Generalitat no será ni mucho menos inmediata. La decisión de la Corte europea desencadena una suerte de efecto dominó que, en el escenario más favorable para el líder de Junts, podría permitir su regreso en el primer trimestre de 2027.
El Tribunal Constitucional decidió esperar a tener ese aval del TJUE antes de resolver los recursos de amparo presentados por los afectados, tanto de los que permanecen en el extranjero como los que siguen inhabilitados. Pero más allá del fallo del TC, que se presupone favorable, hay que tener en cuenta que la decisión final depende del Tribunal Supremo, el mismo que condenó a los líderes del ‘procés’.
Una vez la justicia europea ha emitido el fallo, la pelota pasa al tejado del Tribunal Constitucional (TC), que prevé pronunciarse en septiembre u octubre. Deberá resolver los recursos de amparo de los tres políticos que permanecen en el extranjero, así como los de los dirigentes que siguen inhabilitados. En este grupo están Jordi Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva.
Que el TJUE se pronuncie antes que el TC es clave por dos razones: la primera, porque le da más argumentos para fallar favorablemente; y la segunda, porque complica que el Supremo plantee nuevas cuestiones prejudiciales. Cuanto más explícitamente certifique el tribunal europeoo que la exoneración de los líderes del ‘procés’ no vulnera la legislación europea, más se desactiva la posibilidad de que el Supremo plantee nuevas cuestiones prejudiciales y vuelva a alargar los plazos. Pero sea como sea, fuentes de Junts confían en que eso no impida que se levante la orden de detención.
Hasta ahora, el TC ha resuelto negativamente las solicitudes presentadas por el expresident para que se le levantara su orden de detención mientras se estudia el fondo de la cuestión. La justificación de los magistrados es que adoptar cualquier decisión sobre esta cuestión anticiparía su fallo definitivo. Esto no debería tener ninguna consecuencia sobre la sentencia final y, de hecho, la actual mayoría del tribunal -6 progresistas frentes a 4 conservadores- debería beneficiar a Puigdemont.
De momento, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado ya presentaron sus conclusiones ante el tribunal de garantías el pasado mes de febrero y ambas se posicionaron a favor de amnistiarlos.
Si finalmente el Constitucional resuelve a favor de los intereses del expresident y decide amnistiarlo, entonces el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. Junts espera que la resolución del TC sea lo suficientemente clara como para que el alto tribunal no tenga margen de interpretación y obligue al magistrado Pablo Llarena a retirar la orden de detención nacional contra Puigdemont, Comín y Puig. En 2015, en pleno ‘procés’, el PP sacó adelante una reforma del Constitucional para que pudiera ejecutar sus resoluciones y sancionar a cargos públicos que las incumplieran. El temor en Junts era que el TJUE o el TC dejen margen a la interpretación y que el Supremo pueda usarlo para mantener la situación actual.
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