El Gobierno local de Rianxo, que preside Julián Bustelo (Rianxo en Común) está decidido a poner a raya a los incívicos. Y quiere hacerlo con amparo de un marco normativo municipal más amplio que el vigente.
Así, el Ejecutivo acaba de someter a consulta pública el borrador de lo que será la nueva ordenanza municipal de convivencia ciudadana de Rianxo, con el objetivo de «mejorar la participación de los vecinos en el procedimiento de elaboración de normas».
El Gobierno justifica la iniciativa señalando que «se vienen registrando diferentes situaciones para las cuales no existe entre la normativa municipal respuesta adecuada«.
Situaciones que tienen que ver con «comportamientos que podríamos considerar como perturbadores de lo que socialmente se acepta como convivencia ciudadana y que no encuentran en la normativa municipal una respuesta adecuada». Una respuesta que, al mismo tiempo, «debe servir como elemento de disuasión«, apunta.
Entre las prohibiciones expresas que se recogen en el documento destacan, por ejemplo, la de derramar en la vía pública cualquier tipo de agua sucia, incluyendo la procedente del lavado de vehículos; la de hacer daño de cualquier forma a los animales; o la de subirse a los árboles e incluso, y «especialmente», la de «cortar ramas y hojas o grabar o raspar la corteza».
Se plantea además la prohibición de realizar «todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo» sobre cualquier elemento del espacio público, así como en el interior o exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de instalaciones públicas, incluido el transporte público.
El Gobierno local quiere poner fin también a la colocación de carteles, rótulos, pancartas, adhesivos o cualquier otra forma de publicidad fuera de los lugares expresamente habilitados para ello.
Y, en el borrador de la ordenanza, se dedica también un capítulo a las «necesidades fisiológicas», prohibiendo «defecar, orinar o escupir en cualquier espacio público», un tipo de conductas que se considerarían «especialmente graves» cuando tengan lugar en espacios muy concurridos o frecuentados por menores, así como en zonas de mercado.
Asimismo, en el documento se informa que «de conformidad con el marco normativo vigente, queda prohibido como norma general consumir bebidas alcohólicas y otras drogas en los espacios públicos«. A excepción, eso sí, «del consumo de bebidas alcohólicas que tenga lugar en establecimientos y otros espacios reservados expresamente para aquella finalidad, incluidos en su caso los eventos y fiestas patronales o populares que expresamente se autoricen».
El Ejecutivo rianxeiro considera «imprescindible» vertebrar un texto normativo «inspirado en la conciencia de la necesidad de arbitrar acciones preventivas en aras de conseguir que la ciudadanía asuma como un valor exigible y exigente el respeto a las normas de la pacífica convivencia ciudadana«.
Y explica que «lejos de convertirse en una normativa represora de determinadas conductas, no puede obviarse que toda disposición de carácter general, sin su correspondiente régimen sancionador ante el eventual incumplimiento de sus preceptos, sería un texto vacío y sin virtualidad práctica».
Por ello, Las sanciones leves se podrían sancionar con hasta 750 euros; las graves, con multas de entre 750 y 1.500 euros; y las muy graves, con entre 1.500 y 3.000 euros.
La propuesta ya está en la calle y, en ella, el debate ya está abierto.
