La historia nunca se repite igual, pero a veces se parece de manera obstinada. Estados Unidos anunció el despliegue en el Caribe del portaviones USS Nimitz, acompañado de un grupo de ataque naval, justo en medio de las crecientes tensiones con Cuba. La intervención militar en Venezuela estuvo precedida por la presencia en aguas del Caribe su del USS Gerald R. Ford. Los nombres pueden cambiar, pero el sentido político de estos desplazamientos encuentra por estas horas una peligrosa semejanza, porque coincide con la acusación judicial en EEUU contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, en el que murieron cuatro personas, y la intensificación del cerco económico y energético estadounidense contra la isla.
«¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque del Portaviones Nimitz! «, publicó el Comando Sur de EEUU en redes sociales. El texto lo describe como «el epítome de la preparación y presencia, alcance y letalidad inigualables y ventaja estratégica». Se trata del buque de esas características más antiguo en servicio activo de la Fuerza Naval de Estados Unidos. Es un coloso de propulsión nuclear que participó de la primera Guerra del Golfo, en 1991, y las invasiones a Afganistán e Irak, en 2001 y 2003, respectivamente. El Nimitz debía dirigirse hacia el mar austral para realizar ejercicios militares con Argentina. La escala cerca de aguas territoriales cubanas parece indicar un cambio en su hoja de ruta.
La crisis presente se mira con nitidez en el espejo venezolano, al menos en lo que respecta a ciertos pasos que desembocaron en el 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro por un comando especial de EEUU. Primero, una acusación judicial, luego, los bombardeos de supuestas narcolanchas, seguidas del envío del Gerald Ford a la zona marítima lindante, más tarde el cierre del espacio aéreo y, por último, el ataque en Caracas. Dos de esos movimientos ya son un calco de aquella experiencia.
La Habana acepta ayuda económica
La política de Washington hacia la mayor de las Antillas combina la máxima presión con una mano tendida. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó este jueves de que Cuba aceptó la oferta de 100 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos. «Dicen que la han aceptado. Ya veremos si eso significa que se concretará«. El dinero debería ser administrado por la Iglesia católica u otro grupo caritativo. Un día antes, el responsable de la diplomacia de Donald Trump había ofrecido a los cubanos una «nueva relación» bilateral fundada en dos exigencias: elecciones libres y un repliegue de las Fuerzas Armadas en el control económico y político en la isla. Rubió calificó a su vez a Raúl Castro de «fugitivo» de la justicia de su país.
En este contexto, China, aliada de la isla, expresó su solidaridad después de la imputación contra el líder superviviente del proceso político iniciado en 1959. «Nos oponemos al abuso de los medios judiciales y a la presión sobre Cuba bajo cualquier pretexto por parte de fuerzas externas», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Guo Jiakun. «Estados Unidos debería dejar de imponer sanciones o procedimientos judiciales contra Cuba y dejar de recurrir a la amenaza de la fuerza en cada oportunidad». China, aseguró el portavoz de la Cancillería, «apoya firmemente a Cuba en salvaguardar su soberanía y dignidad nacional» y «se opone de forma constante y firme a las sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional ni en la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU».
En la noche del jueves, el Gobierno cubano había calificado la acusación judicial de «cínica» y «canalla». El mensaje no pasó por alto los acontecimientos que desembocaron en la intervención en Venezuela. «Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo Gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar, por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados». Esto, sostuvo La Habana, debe calificarse como «crímenes de ejecuciones extrajudiciales, acorde con el Derecho Internacional, y asesinatos, según las propias leyes estadounidenses».
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